Siete años después de que estallara el escándalo del ‘carrusel‘ de la contratación que se apoderó de contratos públicos en Bogotá, la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo, -acusada de haber sido una ficha clave en la entrada de millonarios contratos viales durante la administración de Samuel Moreno- sigue prófuga de la Justicia.A pesar de que buscó aparecer por teleconferencia, como testigo en el proceso que se adelantó en su contra en el juzgado 10 penal del circuito especializado, Pardo no se ha presentado ante las autoridades y fue condenada a prisión este viernes, junto con el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.En su momento, la fiscalía le imputó los cargos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, por lo que requirió la máxima pena de prisión debido a la gravedad de los delitos. Los convenios en los que presuntamente tuvo intereses irregulares Pardo fueron los contratos de consultoría 129 y 133 de 2005, cuyo objeto fueron los estudios y diseño de la fase 3 de transmilenio, los contratos de obra 134, 135, 1346 y 138 de 2007 de la fase 3 de transmilenio, la cesión del contrato 137 de 2007, y los contratos 071, 072 de malla vial, así como los contratos 0320, 037 y 068 de 2009 de valorización.
Pero no todos se materializaron en condena. Hubo dos absoluciones porque no se reunieron los elementos del tipo penal requerido. En tanto que en tres casos en los que eran acusada de haber modificado varios contratos, se falló solamente respecto a uno de los convenios.La juez explicó que aunque había habido pluralidad de actos, sólo se configuró una unidad de propósito criminal. En particular en lo que tuvo que ver con el manejo de los anticipos entregados al grupo Nule y los factores de contingencia, que fueron reconocidos al cesionario, grupo empresarial Vías Bogotá. Además de que prescribió el delito de prevaricato por omisión dictado en su contra por el contrato 137 de 2007. En lo que tiene que ver con Miguel Ángel Moralesrussi, la juez consideró que era culpable del delito de prevaricato por omisión, relacionado con un solo punible desarrollado en 3 momentos distintos; pero que existía prescripción de la conducta en este caso que tiene que ver con los contratos 137 de 2007 de la fase 3 del Transmilenio y 071 y 078 de la malla vial. Por lo mismo, Moralesrussi fue únicamente condenado por el delito de concusión, el cual se ejecutó de manera continua.Una vez computado el tiempo que ya pasó en detención preventiva el ex contralor, habrá que analizar si redimió tiempo pasado en prisión gracias al estudio o a trabajo voluntario, explicó la juez, con la que el hombre podría quedar libre inmediatamente. Cabe recordar que Moralesrussi fue sentenciado por haber aceptado una comisión para cerrar los ojos ante los delitos que se estaban cometiendo en la atribución de contratos de la malla vial y de la fase III de Transmilenio, entre otros. La fecha de la siguiente audiencia en la que se individualizará la pena y sentencia de cada quien quedó programada para el 9 de febrero de 2018.