En las tres últimas semanas, la justicia emitió tres condenas contra el Estado por los ‘torcidos‘ del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En sus decisiones, los jueces le ordenan a la Nación que indemnice al senador Gustavo Petro, al exmagistrado Iván Velásquez y a la periodista Claudia Julieta Duque por las persecuciones e interceptaciones ilegales que el organismo ejecutó contra ellos y sus familias. Las sentencias reconstruyen los excesos de esa entidad, casi diez años después de su disolución, justo cuando el país descubre irregularidades similares en los organismos de inteligencia militar. El caso de Velásquez es tal vez el más emblemático. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó un fallo que en primera instancia absolvió a la Nación de los daños al exmagistrado, y ordenó que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la fiduciaria que asumió la defensa del DAS lo indemnicen a él, a su esposa y sus tres hijos. Como lo reveló SEMANA en 2009, en la investigación periodística que destapó las chuzadas, Velásquez fue uno de los más perseguidos.

El exmagistrado que coordinaba los casos de parapolítica en la Corte Suprema se convirtió en un blanco principal después del escándalo de Tasmania, en 2007, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe lo señaló de fabricar testimonios en su contra. La acusación terminó siendo un montaje contra el magistrado. Desde entonces le interceptaron miles de llamadas. El DAS también reclutó como fuente a su escolta, quien informaba de los encuentros y los expedientes que manejaba Velásquez. El Tribunal de Cundinamarca citó varios testimonios de exfuncionarios del organismo para acreditar la persecución, y así emitió el fallo en el que también ordena que el Dapre le pida disculpas públicas.

El mismo tribunal expuso argumentos similares para condenar a la Nación por el caso del senador Gustavo Petro. "No solo por haber interceptado sus llamadas y por haber revisado sus correos electrónicos, sino por haber infiltrado fuentes humanas en su esquema de seguridad, haber construido una base de datos de información de inteligencia no autorizada", dice la sentencia. Esta, además de señalar los excesos del Dapre y el DAS, dice que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) también incurrió en "graves violaciones al derecho a la intimidad". Por eso, las tres entidades tendrán que pagarle 579 millones de pesos a Petro y otras sumas a su esposa, padres, dos hijos y dos hermanos.

La sentencia por el caso de Claudia Julieta Duque, por su parte, muestra otras de las prácticas corruptas del DAS. El fallo recoge, además de las interceptaciones, los seguimientos y las intimidaciones a las que fue sometida la periodista entre 2001 y 2010, luego de que ella investigara el asesinato de Jaime Garzón. El DAS incluso creó un manual para amenazarla con llamadas telefónicas. En esa sentencia también condenan a la Fiscalía y al Ministerio del Interior por su ineficiencia para investigar su caso y protegerla. Las condenas se producen meses después de que la inteligencia del Estado vuelve a la palestra. Esta vez por cuenta de las interceptaciones y perfilamientos ilegales a periodistas, políticos, generales y magistrados. Un caso de características similares al del DAS que SEMANA ha venido revelando a lo largo de este año. El ejemplo de ese extinto organismo debería servir para corregir los errores del pasado que se han vuelto a repetir.