Me convertí en asesino”, “eran ríos de sangre a como diera lugar”, “pido perdón, fueron crímenes de lesa humanidad”, “asesiné cobardemente”. Estas crudas frases forman parte de los desgarradores testimonios que diez militares entregaron ante la JEP en Norte de Santander, en un primer cara a cara ante las víctimas. El hecho estremeció al país por la crueldad de una verdad repudiable.
Las confesiones del general en retiro Paulino Coronado, el cabo Néstor Gutiérrez, entre otros, y el reclamo sentido de muchas madres, convirtieron la jornada en un hito en la historia del conflicto armado en Colombia. Pero estas no serán las únicas confesiones. En los próximos días, otro grupo de 12 militares, entre coroneles y otros mandos, también comparecerán ante la JEP para aceptar su responsabilidad en los llamados falsos positivos.
SEMANA conversó con algunos familiares de las víctimas, como Blanca Nubia Monroy, madre del joven Julián Oviedo, catalogado como falso positivo en el Catatumbo, aunque el caso ocurrió en Soacha. Su testimonio se convirtió en uno de los más importantes de la audiencia ante la JEP, en un símbolo con rostro de una tragedia que el país se niega a olvidar.
“Yo lo único que pido es que los responsables de la muerte de mi hijo, Julián Oviedo, respondan. Hay cuatro cabezas: Álvaro Uribe, como presidente de la época; Juan Manuel Santos, porque era el ministro de Defensa; el general Mario Montoya y el general Freddy Padilla, que yo no entiendo cómo es que todavía no aparece ese señor. ¿Por qué Padilla no ha sido llamado a la JEP? No entiendo”, dice Blanca Nubia, en medio de su dolor.
Recuerda que tuvo la oportunidad de verse cara a cara con el exministro de Defensa Juan Manuel Santos, pero no pudo dirigirle la palabra y tuvo que guardarse toda la rabia y las preguntas que tenía sin respuesta por la muerte de su hijo.
En todo caso, no niega que lo sigue viendo como uno de los supuestos responsables de lo que pasó con miles de jóvenes en todo el país: “Él podía haber verificado lo que estaba pasando, no lo hizo, no tengo duda de que tiene que ver con lo que pasó en Soacha, en el Catatumbo y en todo el país. Es que no mataron a un perro, se llevaron lo que yo más quería, mi hijo”, confesó Blanca, entre lágrimas, mientras cuenta que ya logró perdonar a los asesinos de su hijo.
Otra de las madres de víctimas de falsos positivos, quien pidió reservar su nombre, pues teme por su vida, dice que esta cita la venía esperando durante muchos años e incluso ya habían hecho algunas reuniones previas al encuentro.
“Nosotros nos reunimos con el general Paulino antes de lo que vieron los medios esta semana. Tuvimos dos años de preparaciones para esta audiencia. Incluso, cuando nos vimos, él lloró, pidió perdón. En esos ensayos estuvieron personas de la Comisión de la Verdad, estaba el abogado de la JEP, psicólogos, todo”, cuenta.
Según ella, hubo más de tres encuentros previos en varios lugares: el primero fue en el conocido como Parque de los Novios; la segunda vez se encontraron con Sandro Pérez, coronel en retiro, quien también admitió su responsabilidad en la audiencia, y el tercer encuentro fue en una casa campestre sobre la carrera Séptima, en Bogotá. “En esos encuentros nos fuimos preparando para lo que sería la audiencia de esta semana”, dice.
VIENEN MÁS CONFESIONES
Mientras el país iba conociendo los atroces hechos de los falsos positivos en el Catatumbo, otro grupo de magistrados de la JEP, abogados y los propios militares en retiro han tenido encuentros de la misma manera durante meses. La razón: responder por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en la costa caribe.
Se trata de uno de los expedientes más voluminosos y escalofriantes por los falsos positivos recopilados durante meses de investigación por la Unidad de Investigación de la JEP. Uno de los principales investigados es el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, imputado por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad “por el asesinato de 75 personas que luego fueron presentadas como bajas en combate en el norte del Cesar y sur de La Guajira”.
La audiencia será en junio, el día está por definirse, pero desde ya lo que se conoce es que varios hombres bajo el mando de Mejía se comprometieron a reconocer su responsabilidad directa sobre los resultados operacionales que terminaron desencadenando asesinatos y desapariciones forzadas de personas señaladas de pertenecer a las guerrillas, en medio de una alianza criminal entre militares y paramilitares.
Será otro doloroso episodio que sentará nuevamente cara a cara en el banquillo a familiares de víctimas y a sus victimarios. La audiencia se hará en Atánquez, corregimiento de Valledupar. Para esta cita, la JEP hizo concertación con las autoridades tradicionales de los pueblos kankuamo y wiwa, y las organizaciones que representan a las víctimas acreditadas en el Caso 03. Sin embargo, el coronel (r) Mejía ha negado su participación en estos hechos y no ha aceptado responsabilidades.
Puntualmente, serán 12 comparecientes que “ya han aceptado su responsabilidad”, según el auto de citación rotulado con el 056 de la JEP. Aparecen Álex Mercado, Carlos Lora, Eduart Álvarez, Efraín Perea, Elkin Burgos, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez, Heber Gómez, José de Jesús Rueda, Juan Soto, Manuel Padilla y Yeris Gómez. Pero también la citación cobija a sus abogadas y abogados defensores, a las autoridades indígenas kankuama y wiwa, a las víctimas acreditadas en el Caso 03 y a la Procuraduría.
Los hechos que investiga la JEP ocurrieron entre enero de 2002 y julio de 2005 en los municipios de Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, en el norte del Cesar, y San Juan del Cesar y Urumita, en sur de La Guajira. Desde el comienzo de la audiencia, que se realizó esta semana en dos jornadas, se sentía la tensión. Familiares de víctimas miraban a los victimarios que les arrebataron la vida a sus seres queridos en Catatumbo. El primero en tomar la palabra fue el cabo (r) Néstor Gutiérrez, quien era comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15. “Yo reconozco y acepto mi responsabilidad como coautor por los crímenes de guerra, de lesa humanidad y homicidio en persona protegida, crímenes que cometí”, aseguró.
Otro testimonio clave fue el del mayor Daladier Rivera Jácome, quien pidió perdón ante las víctimas por su participación en los falsos positivos y reconoció haber “proporcionado armas que les plantábamos a las víctimas para simular combates”. Rivera dijo en plena audiencia: “La mayoría de esas armas fueron de una caleta que yo encontré en el segundo semestre de 2006 para que se desarrollaran falsas operaciones y falsos positivos”.
Y para cerrar la audiencia, tomó la palabra el general (r) Paulino Coronado, quien como comandante de la brigada se convirtió en el oficial de más alto rango en aceptar los falsos positivos, dice él, por omisión. No titubeó en decir lo siguiente: “Pasaré a la historia como el primer general condenado por circunstancias que jamás debieron ocurrir. Tengo un gran remordimiento que me lacera el alma, porque sé que afectamos a las familias de las víctimas, dejamos un gran vacío”.
Se espera que con los excomandantes de las Farc se haga exactamente lo mismo por parte de la JEP. Ellos cometieron toda clase de delitos de lesa humanidad y tienen mucho que contarles a las víctimas y a los colombianos. El proceso de paz con las Farc culminó en 2016; han pasado seis años y el país espera verdad, justicia y reparación, como se pactó en La Habana. Hoy todos gozan de libertad y están haciendo política. En torno a los falsos positivos, a más de uno le generó suspicacia que la aterradora audiencia se desarrollara a tan solo un mes de las elecciones presidenciales. Sea como sea, todos los criminales deben pagar por lo que hicieron.