En Puerto Leguízamo, Putumayo, comunidades en la zona rural enfrentan un confinamiento que ya lleva 40 días, impuesto en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en sectores como el corregimiento de Mecaya y las inspecciones de Policía de Senceya y Yurilla. Más de 2.500 personas, entre comunidades indígenas y campesinas asentadas en las riberas de los ríos Caquetá, Yurilla y Mecaya, se ven afectadas por esta medida.
La falta de movilidad ha generado una preocupante situación humanitaria en la región. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales por alertar sobre esta situación en diferentes espacios institucionales, como Subcomités Departamentales y Municipales de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, así como en consejos de seguridad, no se ha logrado una respuesta efectiva por parte del Gobierno nacional.
Ante la situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó la urgencia de abrir un corredor humanitario en la zona para garantizar el acceso de estas comunidades a servicios básicos y derechos fundamentales.
“Habíamos alertado sobre esta situación desde que comenzó, con la restricción de movilidad sobre el río Caquetá, ordenada por uno de los grupos armados ilegales que opera en el sector, y que está afectando a más de 2.500 personas, entre comunidades indígenas y campesinas asentadas sobre las riberas de los ríos Caquetá, Yurilla y Mecaya. Por esa razón solicitamos con urgencia que se abra un corredor humanitario en la zona”, pidió Camargo Assis.
Según el defensor, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no han brindado una respuesta diligente y oportuna, lo que ha impedido la implementación de un corredor humanitario en la zona. A pesar de los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo por proponer la apertura del corredor en distintas reuniones institucionales, la implementación de estas medidas es competencia exclusiva de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
“Frente a esta situación no hemos encontrado respuesta diligente y oportuna por parte del Gobierno nacional, en este caso, del Ministerio del Interior y la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En días pasados, en el Subcomité Departamental de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, el Ministerio del Interior señaló que la Oficina del Alto Comisionado no ha podido atender la situación en Puerto Leguízamo debido a que no cuentan con personal contratado a la fecha”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Dicha falta de apoyo y presencia es contraria a la labor que esa dependencia adelanta en otras regiones del país, sostiene el funcionario. Lamentablemente, “la restricción de movilidad continúa en Puerto Leguízamo, y desde hace dos semanas también se suman diferentes zonas rurales del municipio aledaño de Puerto Caicedo”, enfatizó.
De acuerdo con la entidad, desde que empezó esta crisis a finales del mes de enero, se ha venido haciendo la solicitud de la apertura de corredores humanitarios en el municipio.
“Desde la Defensoría del Pueblo, a través de nuestro equipo de la Regional Putumayo, hemos venido corroborando la situación con las autoridades municipales, quienes reconocen las restricciones a la movilidad de sus poblaciones campesinas y étnicas, y seguiremos insistiendo en la necesidad de lograr la garantía de los derechos de las comunidades en esa región del país”, puntualizó el defensor del Pueblo.