Mientras el país no para de sorprenderse por el creciente escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que empezó en enero de este año con la compra de 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos, para llevar agua a La Guajira, con evidentes sobrecostos y entregados de forma amañada, y que ha crecido como la espuma hasta hablar de corrupción por un billón de pesos, los avances en la investigación y búsqueda de los responsables por parte de la Fiscalía son pocos.
SEMANA logró establecer por fuentes cercanas al proceso que en la matriz de colaboración que entregará Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD, salpicaría a por los menos otros cinco congresistas que estarían involucrados en el entramado de corrupción que se cocinó en la entidad, a cambio de conseguir el principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Esto se sumaría a los señalamientos que ya ha hecho contra los presidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara, Andrés Calle, a quienes supuestamente se les entregaron 4 mil millones de pesos que salieron del contrato de los carrotanques para La Guajira con el objetivo de que, al parecer, apoyaran las reformas del Gobierno Petro.
Sobre el escándalo del que todo el país habla, no hay responsables presentados ante la justicia por la Fiscalía; por lo pronto, lo único que se sabe es que formalmente ya se está negociando el principio de oportunidad con el exsubdirector Sneyder Pinilla, tal como lo confirma una constancia conocida por SEMANA.
“Por medio del presente, el despacho certifica que se encuentra tramitando la aplicación del principio de oportunidad a favor del señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 250 de la Constitución Política y 321 y siguientes de la Ley 906 de 2004″, se lee en la constancia conocida por este medio.
Lo que es claro es que Pinilla lleva por lo menos dos meses tocando las puertas de la Fiscalía en busca de colaborar y contar todo lo que ocurrió con el escándalo de los carrotanques, la entrega de dinero a congresistas, que era ordenada por Olmedo López, de la cual ya salpicó al presidente del Senado, Iván Name, por presuntamente recibir 3.000 millones de pesos a través de la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz.
También delató al presidente de la Cámara, Andrés Calle, a quien le habrían entregado otros 1.000 millones de pesos, personalmente y en su apartamento, en la ciudad de Montería, Córdoba.
La Fiscalía ya le garantizó seguridad a Sneyder Pinilla y él está dispuesto a contar de más congresistas involucrados, contratistas y personas que aún trabajan en la UNGRD que formaron parte de la red de corrupción. Es claro que para mover cientos de millones a su gusto, esta red iba mucho más allá del exdirector Olmedo López y de Pinilla.
Hoy Sneyder Pinilla tiene que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, y aunque el acuerdo con la Fiscalía es no entregar información hasta que se cierre completamente el acuerdo de colaboración, el exsubdirector presentará algunas pruebas y contará en líneas gruesas lo que ocurrió en este otro escándalo del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Para el 11 y 12 de junio, Pinilla está citado nuevamente a la Fiscalía; en este caso, se espera que los hasta ahora “coqueteos” se conviertan en una colaboración formal a través del principio de oportunidad.
La defensa de Pinilla apunta a inmunidad total, pero desde la Fiscalía no están de acuerdo y le serían imputados probablemente dos delitos. Por ahora, contará de los presidentes de Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle, de quienes ya dijo que les entregó 4.000 millones. Pero también hablará de otros parlamentarios, por lo que hay temor en el Congreso; igualmente lo hará sobre funcionarios de la UNGRD.
Sobre funcionarios del alto gobierno, Pinilla tiene información, pero esta debe ser confirmada por la Fiscalía, seguramente a través de Olmedo López, pues fue el exdirector de la UNGRD quien supuestamente recibió las órdenes para comprar las conciencias de los parlamentarios.
Esas órdenes venían de ministros y funcionarios del alto gobierno a través de un cónclave, como lo contó López en entrevista con SEMANA. Habrá que esperar si la Fiscalía, luego de seis meses del escándalo, empieza a dar resultados.