La Corte Constitucional finalmente dará esta semana el primer debate sobre uno de los temas más polémicos: el aborto. El tema aparece en el orden del día del próximo jueves 14 de octubre. La discusión se da justamente una semana después de que el propio presidente del Alto Tribunal confirmara que habría una decisión a finales de este mes.
El tema, con seguridad, generará polémica sea cual sea la decisión. Y es que el aborto en Colombia sigue siendo un tabú para gran parte de la ciudadanía, a pesar de que está permitido bajo tres causales desde 2006: si el embarazo es producto de una violación, riesgo de vida de la madre o el menor o enfermedad grave o malformación del feto.
El asunto es polémico y, según la consultora Ipsos, son pocos los que apoyan una legalización total. En su más reciente medición, Puntos de Vista Globales sobre el Aborto 2021, en la que muestra los diversos puntos de vista relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo en 28 países, con la participación de 20.003 personas entre los 16 y 74 años, se evidencia que el 26 % de los colombianos están de acuerdo con la legalización total del aborto, cuando el promedio mundial es del 50 %. Además, el 36 % de los encuestados apoya la legalización en ciertas circunstancias, como cuando la mujer ha sido víctima de violación.
Esta semana se empezará la discusión de la ponencia del magistrado Rojas, quien plantea la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, que condena a las mujeres que aborten a entre 16 y 54 meses de prisión, pero además, se le da un plazo de dos años al Congreso para que legisle con libertad sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Si el plazo no se cumple, propone la ponencia, el delito desaparecería. Con la ponencia del magistrado Alberto Rojas, es decir, a favor de despenalizar el aborto, estarían tres magistrados: Alejandro Linares, Antonio Lizarazo y José Fernando Reyes.
Uno de los argumentos entre quienes están a favor del aborto, está el Movimiento Causa Justa, quienes a partir de investigaciones y estudios concluyeron que existen barreras estructurales que aún impiden que a las mujeres se les practique un aborto seguro a pesar de que estén amparadas por alguna de las tres causales.
Por ejemplo, encontraron que la falta de conocimiento legal, la interpretación restrictiva de las normas y las fallas en la prestación del servicio de salud son realidades reinantes en Colombia y que se ven seriamente ahondadas por el hecho de que el aborto sea considerado un delito y se mantenga en el Código Penal.
Básicamente, si el aborto continúa siendo tipificado, así sea parcialmente, es altamente probable que las mujeres no puedan acceder a él.