Luego de la denuncia realizada por el pueblo indígena del corregimiento de Cofania Jardines de Sucumbio, ubicado en Ipiales, Nariño, en la que manifiesta que seis indígenas de su comunidad fueron secuestrados por el grupo armado ilegal Comandos de la Frontera y, posteriormente, asesinados en el departamento de Putumayo. El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) la confirmó como la masacre #73.

“El 23 de agosto se nos informa la masacre de seis indígenas que habían sido secuestrados. Entre las personas asesinadas se encuentran dos comuneros AWA, que fueron reportados desaparecidos el 14 de agosto del año en curso”, señaló el pueblo indígena a través de un comunicado, en el que también confirmó las identidades de las víctimas: Yobani Ortiz Cabezas, Bautista Ortiz, Manuel Anderson Villacorte Pascal, Jhon Fredy Villacorte Pascal; cuerpos que fueron reportados en la vereda Brisas del Palmar.

De otro lado, los hermanos Humberto y Miguel Basto, pertenecientes al Pueblo Nasa, según reportes, fueron sacados de sus casas y al día siguiente asesinados en jurisdicción del municipio Valle del Guamuez, en la vereda Primavera, quienes al parecer habrían sido asesinados en la vereda Santa Teresa, hechos que se desarrollaron en la noche del lunes 22 de agosto y la madrugada del martes 23 de agosto.

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/21 para los municipios de Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamez en el departamento de Putumayo. Allí señalan que en el Bajo Putumayo se generó un escenario de pronta expansión que facilitó la operación de los grupos armados ilegales en zonas rurales de los municipios de Orito y Puerto Caicedo, zonas que se configuraron en corredores estratégicos; y en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamez y San Miguel, donde las estructuras ilegales han venido consolidando su presencia y accionar armado”, indicó Indepaz.

Asimismo, señaló que en esta zona del país opera el Frente N.º 1 Carolina Ramírez, Comandos Bolivarianos de la Frontera y bandas de carácter local.

“Es de señalar que no se justifican estos hechos de violencia, peor aún cuando los cuerpos presentan tortura como un acto de generar miedo y temor. Son estas acciones métodos de terror que se desarrollan contra las comunidades campesinas e indígenas, las cuales hoy se encuentran en un alto nivel de riesgo individual y colectivo”, manifestó la organización indígena.

La comunidad del corregimiento de Cofania Jardines de Sucumbio señaló que: “estos hechos anunciados evidencian acciones de intimidación que constantemente indígenas y campesinos están recibiendo en medio de la ausencia del Estado; el silencio cómplice de las fuerzas militares presentes en la zona y la reconfiguración de la disputa territorial se agudiza al interior de las veredas en la región”.

El pueblo expresó que por los hechos presentados acuden a la comunidad internacional y los medios de comunicación, para que de manera urgente se acompañe a las comunidades que hoy se sortean el derecho a la vida y el arraigo al territorio, “en medio del vacío y la persistente ausencia institucional ante el incremento de estos hechos de violencia sistemática que aportan a la inestabilidad social en el corregimiento de Cofania”, denunció.

Igualmente, manifestaron la falta de inversión social en temas de vías, infraestructura y proyectos productivos en la zona; lo que ha generado, supuestamente, la expansión de cultivos ilícitos de coca. Asimismo, hicieron una serie de exigencias a gobierno nacional, departamental y municipal, descritas a continuación:

  • Acciones reales de investigación que permitan determinar autores intelectuales de estos métodos sistemáticos que también den cuenta de tiempo, modo y lugar, en respuesta a las familias y comunidades directamente afectadas por los hechos ocurridos.
  • Activar rutas de prevención y protección para las comunidades y familias víctimas de estos fuertes hechos de violencia que no han parado y que se agudizan en el corregimiento.
  • Instalar un consejo de seguridad municipal inmediatamente para garantizar la protección individual y colectiva de los habitantes de la zona.
  • Que la Alcaldía Municipal de Ipiales y la Gobernación de Nariño tomen cartas en el asunto sobre la expansión de cultivos ilícitos (coca), y busque alternativas de sustitución a cambio de proyectos productivos.