Las diferencias generadas por el uso y destino final de un inmueble ubicado en un exclusivo sector de Cali no tendrían nada de llamativo. Pero en esta oportunidad se trata de 28 monjas de clausura enfrentadas con el arzobispo de Cali porque no quieren dejar su tradicional convento, y el mismísimo papa Francisco tendría que dirimir el conflicto. Los prosaicos problemas terrenales también tocan las puertas de la Santa Sede y en este caso está de por medio una antigua propiedad, patrimonio arquitectónico de la ciudad, que parece estar en la mira de intereses comerciales.

Las hermanas clarisas, dedicadas a la vida humilde y silenciosa de la clausura, viven desde 1967 en una edificación conocida como Monasterio Santa Clara Hermanas Clarisas. En esa época, el obispo Alberto Uribe Urdaneta les entregó el inmueble mediante la figura de comodato vitalicio. Eso quiere decir que las monjas tendrán el uso exclusivo hasta que la última de ellas muera. Esto quedó consignado en el Decreto 252, al cual tuvo acceso esta revista. Para entonces eran 16 religiosas, pero hoy son 28.

Desde 1967, el convento funciona en la casona junto a la iglesia de San Antonio en Cali. El monasterio tiene varias particularidades: está en uno de los sectores más antiguos y tradicionales de Cali y comparte vecindad con la mítica capilla de San Antonio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter nacional desde 1997. Además, justamente en ese sector vivían algunas de las familias tradicionales y de abolengo de la capital del Valle, que han sido benefactoras de esa comunidad. En la actualidad, la mayoría de las casonas antiguas del barrio se convirtieron en hostales y restaurantes que forman parte de uno de los centros turísticos más importantes de la ciudad. La idea del traslado surgió porque, según la arquidiócesis de Cali, la propiedad está muy deteriorada y pone en riesgo la integridad de las religiosas. Y para demostrarlo enseñan fotos de las grietas y vencimientos de varios muros. De ese análisis surgió la propuesta de construir un nuevo monasterio, para el que la arquidiócesis dispuso un lote de terreno contiguo a un cementerio diocesano en el corregimiento de Pance, sobre la vía que une a Cali con Jamundí. En el actual convento, ubicado en una zona privilegiada, quieren desarrollar un centro de convenciones de eventos sociales. La construcción del nuevo convento ya arrancó. Han invertido casi 1.500 millones de pesos y podría costar el doble, según cifras oficiales. Pero todo indica que las religiosas no quieren trasladarse allí porque “queda alejado de todo, sus vecinos son los restos y almas del cementerio y no hay comunidad cercana que las pueda ayudar”, explicó uno de los vecinos del convento, quien pidió omitir su nombre porque teme a represalias legales.  Ese mismo vecino aseguró que en la actualidad la comunidad del barrio San Antonio y grupos de laicos “están haciendo un memorial y recogiendo firmas para enviarlo a Roma, para pedirle al papa Francisco y a la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada no autorizar la salida de las clarisas del monasterio. Le piden al papa que las proteja como lo dice en la Instrucción Aplicativa sobre la Vida Contemplativa, Cor Orans”.

En la Iglesia debe primar la obediencia, pero quienes defienden la permanencia de las clarisas en San Antonio dicen que el traslado no cumplió los protocolos que exige el derecho canónico y que dentro de ese mismo trámite es esencial la opinión de la superiora de esa orden y del mismo Papa. Pero también hablan de intereses económicos. El sacerdote Germán Robledo, perteneciente a esa diócesis, sostiene este último argumento. Asegura que detrás del traslado existen intereses más terrenales, pues la idea de reubicar a las monjas surgió exclusivamente porque “en ese sitio tienen previsto un desarrollo comercial, que no es nuevo, ya que de ese proyecto se venía hablando desde hace mucho tiempo; mucho antes de que llegara el actual arzobispo”, aseguró el religioso. 

El papa Francisco tendrá la última palabra sobre el futuro de las clarisas. En efecto, SEMANA tuvo acceso a un acta fechada el 5 de agosto de 2015 que registra detalles del proceso de reubicación de las monjas, el costo de la nueva sede, su financiación por medio de un leasing y los permisos oficiales requeridos. Pero el acta cierra con una frase inquietante. “Así mismo, invita monseñor (Darío Monsalve) para que se mire el estado actual de la capilla, declarado monumento histórico y se revise el estado estructural actual. Da algunas ideas sobre lo que podría aprovecharse en este lote: centro de eventos, restaurante, casa de encuentros, etcétera”, dice textualmente. Algunos que conocen de cerca el pleito, pero pidieron anonimato, aseguran que el desarrollo comercial al que se refirió al arzobispo Monsalve consiste en una nueva edificación que brinde los servicios de un centro de convenciones sociales que aproveche el potencial que ofrece la vecindad con la antigua capilla de San Antonio, donde se realizan con frecuencia matrimonios. El centro de convenciones contaría, además, con restaurante y salones sociales para atender varias eventos a la vez.

El obispo o los promotores de ese proyecto olvidan que ese convento, por ser contiguo a la capilla de San Antonio, “está afectado por la declaratoria que se le hizo como Bien de Interés Cultural (BIC) y como tal cualquier intervención debe contar con los permisos y el visto bueno del Ministerio de Cultura y no del municipio”, explicó Sandra Becerra, subsecretaria de Patrimonio de Cali. Esta revista intentó hablar con las religiosas para conocer su punto de vista y saber por qué cambiaron de opinión en torno al traslado, pero ellas se mostraron muy esquivas. Se limitaron a manifestar que “no podemos hablar porque todo lo que digamos será usado en nuestra contra; además, no queremos entrar en confrontaciones públicas con el obispo y todo ya está en manos de la Santa Sede”, dijo la hermana Ana Lucía.

Las obras del nuevo convento están muy avanzadas, pero las monjas no quieren vivir allá. Similar hermetismo hubo en la arquidiócesis de Cali cuando SEMANA trató de conocer el pronunciamiento oficial del obispo auxiliar, Luis Fernando Rodríguez. La revista le envió un cuestionario, pero al cierre de esta edición no lo había respondido porque se encuentra en Roma y porque “la postura oficial es guardar silencio hasta que el Vaticano se pronuncie al respecto”, como explicaron desde la oficina de prensa.