La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, reveló que entre enero y agosto de 2023 se han registrado un total de 1.080 conflictos sociales en el país, lo que representa un incremento del 34 % en comparación con el mismo período del año 2022, cuando se registraron 804 eventos similares.
Estos conflictos han tenido lugar en 310 municipios de 30 departamentos colombianos, con Bogotá encabezando la lista con el 15 % de los sucesos, seguida de Magdalena, Bolívar, Santander y Antioquia, cada uno con un 7 % de los eventos. El informe también destaca que los conflictos laborales representan el 16 % del total, seguidos por los conflictos relacionados con el derecho a la educación (15 %), inversión o presencia estatal (12 %), sector transporte (11 %), derecho a la vida, integridad y seguridad (11 %), y falencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios (10 %).
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó la importancia de la prevención temprana y la necesidad de que las instituciones trabajen de manera conjunta para evitar que los reclamos de las comunidades escalen a conflictos de esta naturaleza.
“Lo hemos dicho en distintos escenarios: es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza; eventos que, en ocasiones, se salen de control y la misma población es la directamente afectada”, Camargo Assis.
El informe también revela que los meses de mayo y julio de 2023 tuvieron el mayor número de eventos, con 165 y 169 respectivamente. Los ciudadanos han utilizado diversos mecanismos para expresar su insatisfacción, siendo los bloqueos o cortes de ruta el más común (40 % de los eventos), seguidos de plantones o concentraciones (28 %), marchas o movilizaciones (13 %), paros cívicos o cese de actividades (7 %), ocupación o toma de instalaciones (4 %) y otros (4 %). En solo el 10 % de los eventos se registraron disturbios.
Atendiendo al mismo periodo comparativo, de acuerdo con la entidad, los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los bloqueos o cortes de ruta (40 % de los eventos), plantones o concentraciones (28 %), marchas o movilizaciones (13 %), paros cívicos o cese de actividades (7 %), ocupación o toma de instalaciones (4 %), otros (4 %). En el 10 % de estos eventos se registraron disturbios.
“Los bloqueos o cortes de ruta tuvieron un aumento del 100 %; algunos de estos, se llevaron a cabo en la vía Panamericana, afectando los departamentos de Cauca, Valle y Nariño; de igual modo en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas por temas relacionados con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), atención estatal y crisis humanitaria”, destacó la Defensoría.
También se presentaron bloqueos en Córdoba y Antioquia por las demoras en el cumplimiento de los compromisos adquiridos frente al mejoramiento vial. Por el paro minero en el Bajo Cauca y por la crisis en La Mojana. En La Esperanza, Norte Santander en rechazo a un proyecto de relleno sanitario en el territorio, y en Meta y Cundinamarca por las afectaciones que generan los constantes cierres de la vía al llano.
Por otro lado, la ocupación o toma de instalaciones incrementó 100 %; las huelgas de hambre: 143 %, y los paros cívicos/cese de actividades: 114 %. “Si bien los primeros ocho meses de 2023 se caracterizaron por las movilizaciones promovidas por el Gobierno a favor de las reformas que han cursado trámite en el Congreso de la República, al igual que las impulsadas por la oposición, las marchas registraron una disminución del 5 %”, enfatizó.
Ante este panorama, el defensor Camargo aseguró que “continuaremos impulsando los espacios de diálogo, cuando haya lugar a ello, entre los distintos actores sociales e institucionales en aras de propiciar la interlocución y la concertación para la búsqueda de salidas y respuestas a las demandas ciudadanas y a las reivindicaciones que posibiliten la garantía de los derechos humanos”.