El representante a la Cámara Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, quedó formalmente vinculado a la investigación que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en materia de contratación. Justamente hoy renunciaron sus dos abogados: el exfiscal Eduardo Montealegre y el exmagistrado Julio César Ortiz.
SEMANA pudo establecer que no habrá nuevas fechas de indagatoria, sino que ya la diligencia terminó. De esta manera, el representante a la Cámara sigue bajo la investigación que lleva desde hace varios meses el despacho del magistrado Héctor Alarcón.
Precisamente, la noticia se conoce luego de que este martes, en medio de la indagatoria que adelantaba la Corte, renunciaran los abogados del representante Ballesteros.
Lo que investiga el despacho del magistrado Héctor Alarcón son los presuntos hechos de corrupción mientras Ballesteros estuvo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), entre 2014 y 2016.
En total son 3 contratos investigados: uno de ellos es el 157 de 2014, documento que fue suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S. A. S. (representada legalmente por Octavio Reyes Sarmiento) el 29 de diciembre de 2014. Este contrato fue firmado por la suma $1.188.804.830 y su objetivo era el mantenimiento del sistema de alcantarillado en un sector denominado El Casino, cerca de algunos tramos del municipio de Sucre Santander.
Ahora los dos escenarios son: que el caso se archive tras no encontrar elementos para llamarlo a juicio o que su caso continúe y tenga que comparecer. Por ahora, el despacho del magistrado Alarcón entrará a estudiar su situación.
¿Una investigación derivada del caso contra Richard Aguilar?
La decisión de la Corte de llamarlo a indagatoria y ahora vincularlo formalmente tiene que ver con un proceso que se surte contra el exsenador Richard Aguilar. La investigación apunta a que habría existido un acuerdo para la adjudicación de los contratos para la construcción de los acueductos de los municipios de Chipatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de $600 millones. Sin embargo, SEMANA ha contactado al congresista Ballesteros, quien ha insistido en que aportará a la justicia las pruebas que muestran que es inocente.
En la situación de Aguilar, la investigación viene por hechos relacionados del momento cuando fue gobernador de Santander y, aunque el foco está puesto entre 2014 y 2015, en su mandato habrían existido presuntas irregularidades contractuales que pueden terminar abriendo una caja de Pandora con un carrusel mayor.
Los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo y quien también era contratista de la Gobernación de Santander.
Por un lado, los testigos en contra de Aguilar son Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura en la Gobernación, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, señala la investigación, recibía instrucciones del entonces gobernador Aguilar y de otros funcionarios sobre los procesos de contratación, y a quienes se debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.
La exsecretaria Toledo está siendo procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. A Pardo, su esposo, le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer.
De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar cómo Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el actual senador Aguilar.