Sin duda, los delitos sexuales han aumentado significativamente en el país y por esa razón el Senado iniciará a debatir un proyecto de ley que busca frenar los beneficios carcelarios para aquellas personas que sean condenadas por estas conductas.
La iniciativa de autoría de la senadora María del Rosario Guerra buscará ponerle fin a la libertad condicional, redenciones y otros beneficios judiciales y administrativos para quienes cometan delitos sexuales en Colombia. “Lo que tenemos que trabajar es que esas personas que cometen delitos sexuales contra la niñez y los adultos no tengan beneficios, y esto es lo que busca este proyecto de ley”, dijo la congresista.
La senadora Esperanza Andrade, ponente del proyecto de ley, aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo mayoritario de las bancadas porque están de acuerdo en que se deben combatir este tipo de actuaciones. “Queremos proteger a nuestros niños y eliminar los beneficios judiciales que se tienen para aquellos que cometan delitos sexuales contra ellos”.
Así mismo, explicó que dentro de los beneficios que se eliminarían están los de reducir la condena por trabajo, estudio, enseñanza y buena conducta. “El abuso sexual contra mujeres y menores de edad es una de las mayores problemáticas criminales que afronta el país. En 2017, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó más de 20.400 exámenes médico-legales por presunto delito sexual a mujeres y niñas (2.160 más que en 2016), y en ese mismo año se abrieron más de 11.100 procesos por violencia sexual contra menores edad, según reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 2018 la cifra aumentó a 26.065, lo que implica una tasa por cada cien mil habitantes de 52,3, y en 2019 la cifra se incrementó a 26.158″, dijo Andrade.
Según datos que se han entregado en la ponencia del proyecto de ley, en Colombia hay 7.270 reclusos por el delito de actos sexuales con menores de 14 años (4,5 %), 6.193 por el de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (3,8 %) y 3.243 (2,0 %) el por acceso carnal violento.
Pese a estas cifras y la voluntad política de varios sectores, hay que recordar que el Consejo de Política Criminal ha dado concepto desfavorable a proyectos anteriores con temas similares, por lo que muy seguramente volverá a conceptuar de la misma manera. Sin embargo, desde que la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, varios congresistas han manifestado que se debe trabajar en políticas públicas para proteger a los niños de Colombia.
El senador Miguel Ángel Pinto dijo que se debe trabajar “en temas como la prevención y se debe seguir trabajando en normas sobre la protección de delitos sexuales, debido a que vienen en aumento”.