La plenaria del Senado tomó la decisión de acusar al exmagistrado José Leonidas Bustos ante la Corte Suprema de Justicia por los actos de corrupción cometidos en medio del escándalo conocido como el cartel de la toga.

“Hoy podemos decir claramente que llega a su fin lo que en Colombia se denominó en su momento el cartel de la toga”, sentenció el representante Edward Rodríguez quien hizo la exposición del caso. La proposición fue aprobada con 65 votos a favor y ninguno en contra.

El congresista del Centro Democrático amplió que desde el 16 de agosto de 2017 llegaron a la Comisión de Acusación de la Cámara documentos de la Corte Suprema de Justicia en los que se involucraba a aforados constitucionales, entre ellos el exmagistrado.

A partir de allí se recopilaron 37 pruebas testimoniales en más de un año de indagatoria. Rodríguez dice que fue fundamental el testimonio del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien salpicó a Bustos. También se sumaron al expediente 17 informes de policía judicial y más de 12 cuadernos con más de 4.000 folios.

“Se pudo determinar que al interior de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de casación penal, existía una empresa criminal, de la que era parte José Leonidas Bustos, no solamente parte, era el cerebro de esta organización criminal. Y por ello la Cámara de Representantes, y hoy la Comisión de Instrucción, ha conferido tres delitos que se le ponen de presente al pleno del Senado de la República”, afirmó Rodríguez.

El congresista agregó que en los testimonios recogidos se pudo establecer que Bustos habría recibido 200 millones de pesos en efectivo y un reloj de lujo. También concluyeron que utilizó su cargo para que se favorecieran aforados investigados que posteriormente confesaron sus delitos y fueron condenados por la Corte Suprema.

“Al interior de la Corte Suprema de Justicia había una empresa criminal que hoy llega a su fin con este escrito de acusación”, reiteró Rodríguez. Entre los testimonios que compartió el congresista está una declaración del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno que fue clave.

Allí, Moreno detalla cómo procesos relacionados a parapolítica, que se adelantaban en la Corte Suprema habrían sido influenciados por los extogados, además de las sumas concretas que se habrían pactado para incidir en esos procesos.

“Recojo un total de 600 millones en dos contados, como ya lo he venido contando en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación, producto de que se acuerda un archivo de un proceso que se adelanta en el despacho del doctor Gustavo Malo, archivo que no se materializa, un proceso de la parapolítica. Yo no conozco detalles del proceso, me reúno con él (Malo), habló de la suma que me autoriza el doctor Francisco que son 200 millones de pesos, acordamos que se paga 50 por ciento para iniciar...”, dice Moreno en la audiencia.

Cuando Rodríguez le aclara si Moreno le entregó 400 millones de pesos al exmagistrado Ricaurte y él le habría dado 200 millones para llevarle el dinero a Bustos, Moreno asiente diciendo: “sí señor”.

Agrega que el modus operandi era cobrar por actos de corrupción que consistían en hacer o no hacer determinadas acciones para dilatar los procesos. Moreno asegura que incluso tenían una oficina con Francisco Ricaurte y allí cometían estos delitos.

En la audiencia que compartió Rodríguez y adelanto la Comisión de Acusación, Moreno culpa a Bustos de haberle entregado el dinero en un apartamento de su propiedad en Ciudad Salitre en Bogotá, específicamente por el caso del excongresista Álvaro Ashton. Acusaciones que el exmagistrado Bustos acusado cuestiona.

El senador Guillermo García Realpe, perteneciente a la Comisión de Instrucción, hizo la exposición del caso previo a las declaraciones de Rodríguez. Aclaró que el Congreso no evalúa responsabilidades ni hace el juicio del exmagistrado y que por eso será la Corte Suprema quien tenga que tomar la decisión de las responsabilidades por los delitos que se le acusa al exmagistrado.

En síntesis, García señaló que en la Comisión encontraron pruebas suficientes para afirmar que los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo habrían estado involucrados en actos de corrupción en lo conocido como el ‘cartel de la toga’.