La ley de orden público es la hoja ruta de todos los gobiernos en materia de política de paz. Desde los años 90 es la que ha permitido que en Colombia se adelanten procesos de paz, y como su consecución es un mandato constitucional, todos los gobiernos la han necesitado y han pedido prorrogar su vigencia. Fue expedida en diciembre de 1997 por el presidente Ernesto Samper pues en la recta final de su gobierno había un clima favorable para adelantar negociaciones de paz y le reconoció carácter político a las organizaciones al margen de la ley. Le sirvió a Andrés Pastrana para adelantar el proceso de paz del Caguán, pues la ley en aquel entonces permitía decretar zonas de despeje para que se adelantaran los diálogos. También permitió que durante ese proceso los guerrilleros que participaban en las negociaciones pudieran desplazarse dentro y fuera del país. Pese al fracaso del proceso de paz del Caguán, Álvaro Uribe también requirió la prórroga de ley de orden público con una modificación. Un artículo que definía a llos grupos armados al margen de la ley y que le permitió adelantar el proceso de paz de Santa Fe de Ralito (Sucre) para la desmovilización de los paramilitares. En 2010, el presidente Juan Manuel Santos también pidió la prórroga. Su mismo gobierno pidió eliminar la facultad para establecer zonas de despeje, a partir de entonces cualquier negociación solo podría adelantarse en el exterior. Así sucedió con el proceso de paz con las Farc en Cuba, que culminó con un acuerdo para dejar las armas, y el del ELN que alcanzó a cumplir algunas rondas de negociación en Quito y en La Habana. En 2016 la ley de orden público fue pensada en la implementación del acuerdo con las Farc, entre otras la verificación y registro del armamento entregado por el grupo armado. Como todos sus antecesores, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso, con mensaje de urgencia, prorrogar por cuatro años la vigencia de esta ley, con el propósito de garantizar y la paz. La pregunta era si favorecía más un concepto que el otro. La norma contiene el marco legal en el que se circunscribiría cualquier tipo de negociación con el ELN, el otro grupo armado con el que la ley de momento admite adelantar un proceso de paz. Luego de que este miércoles el Congreso aprobara la prórroga de orden público, la puerta para las negociaciones de paz quedaron abiertas, y con marco jurídico para adelantarse durante los próximos cuatro años. Pero la ley de orden público que salió del Congreso tiene varias novedades que dan señales de lo que será la política de paz del gobierno Duque. La primera es la facultad que se le otorga al Consejo de Seguridad Nacional para declarar Zonas Estratégicas de Intervención Integral en regiones afectadas por la criminalidad y donde esté amenazada la seguridad nacional. En esas zonas se adelantarían planes para reforzar las medidas de protección a la población junto a otras iniciativas de prestación de servicios sociales, además de adoptar medidas de inteligencia para preservar el Estado Social de Derecho. Para el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, esa disposición ayudará a fortalecer la seguridad en todo el país porque permitirá la implementación de todas las políticas relacionadas con la paz y la convivencia. Sin embargo, varios sectores alertaron de que estas zonas podrían eliminar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados entre el gobierno y las Farc en los acuerdos de paz. Los PDET tienen influencia en 170 municipios algunos de ellos en zonas con problemas de orden público. Su espíritu está enfocado en la paz y la reconciliación, mientras que las zonas de intervención estratégica propuestas por el gobierno tienen como énfasis la seguridad y enfrentar la criminalidad, con especial intervención de la Polcía y las Fuerzas Militares. El gobierno se comprometió a que estas zonas no chocarían ni suprimirían lo acordado con las Farc y por iniciativa de la Cámara de Representantes se dejó expresó este compromiso en la ley, gracias a un parágrafo que así lo establece. La segunda novedad de la ley de orden público versión Duque es que le otorga la función al Consejo de Seguridad Nacional de determinar qué grupo es considerado una organización armada ilegal con la que se puedan adelantar procesos de paz, y esa calificación es requisito para examinar la posibilidad de adelantar diálogos que pretendan su desmovilización. En el Congreso se advirtió que estaba sería una condición adicional para iniciar diálogos que haría más difícil esta posibilidad porque limitaría la facultad del presidente de iniciar diálogos de paz. Sin embargo las mayorías parlamentarias admitieron esta propuesta del gobierno, entre otras porque el único grupo ilegal que se enmarca en esa condición es la guerrilla del ELN. La tercera novedad en la ley de orden público es la creación del Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo, el cual tiene por objeto perseguir y desmantelar bienes de origen ilícito o empleados en actividades ilícitas, lavado de activos y financiación del terrorismo. Este Centro estará coordinada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de la Fiscalía. Esta propuesta tuvo pleno respaldo como una herramienta para detectar el lavado de activos que en muchas veces financia actividades de grupos armados ilegales. Aunque así quedó la ley de orden público, la que pretendía aprobar el gobierno y el uribismo tenía mayores alcances. Cuando el presidente Duque pidió la prórroga de la ley, existían temores y sospechas de que pudiera ponerle más obstáculos al marco jurídico con el que cada gobierno define su política de paz. La ministra del Interior presentó una propuesta de imponer (o autoimponer) requisitos adicionales antes de tomar la decisión política de iniciar un proceso de negociación, lo que varios sectores advirtieron como nuevas trabas en una ley que precisamente tiene el espíritu de ofrecer instrumentos para facilitar procesos de paz. Las exigencias que el gobierno pretendía establecer para sentarse a negociar era la dejación total de armas y la liberación de todos los secuestrados, requisitos que se advertían rigurosos y que prácticamente imposibilitarían futuras negociaciones. “Resultaba absurdo que el mismo gobierno se impusiera requisitos para entrar en un proceso de paz porque esa es una decisión de carácter político y lo que quiso el Congreso es que el presidente de la República asumiera esa decisión política”, explicó el senador Germán Varón, ponente de la ley, al explicar la decisión de rechazar esa petición del gobierno. Pese a ello el alto comisionado de paz reiteró que la puerta está abierta para futuras negociaciones siempre y cuando el ELN cumpla con las condiciones del Presidente de cesar toda acción relacionada con el secuestro, entregue todos los secuestrados y cesar acciones criminales. Liderados por el representante Álvaro Hernán Prada, el uribismo pretendió colgarle nueve artículos nuevos al proyecto en el último debate en la Cámara de representantes, cuyos alcances no solo apuntaban a ponerle mayores exigencias a un eventual proceso de paz con el ELN, sino también hacer modificaciones al acuerdo de paz con las Farc. Porque los artículos que Prada intentó hacer aprobar de una manera “tramposa”, como lo advirtió la oposición, pues no habían sido discutidos en los dos primeros debates, pretendían desde modificar aspectos del acuerdo de paz con las Farc y establecer normas que a simple vista podrían ser en favor de la fuerza pública. Uno habilitaba la desmovilización individual de miembros de organizaciones armadas ilegales sin excluir a las bandas criminales. Otro establecía medidas de protección a la integridad moral y física de los miembros de la fuerza pública, que iban desde la presunción de la legítima defensa respecto al uso de la fuerza de policías militares. Otorgar a la Fiscalía la facultad de priorizar la investigación de los casos de obstrucción al ejercicio de la aujtoridad, hasta el aumento de penas para quienes utilcen vehículos para obstaculizar las vías terrestres. Todo un código de seguridad que no tenía relación alguna con el espíritu de la norma. El que más preocupación causó fue el que pretendía otorgarle al presidente la facultad de levantar la suspensión de las órdenes de captura para excombatientes de las Farc, para que la justicia ordinaria procediera a su captura y los condujera a la Jurisdicción Especial de Paz. Prada aseguró que esa medida no afectaría ni a los congresistas del partido Farc a quienes reconoció en la legalidad, ni aquellos que ya se hayan presentado ante la JEP, si no que estaba pensado en los disidentes. Sin embargo hasta las Naciones Unidas se pronunciaron en contra, al señalar que esa disposición pondría en grave riesgo el proceso de reincorporación de miles de exguerrilleros. Ese fue el único artículo que pudo colgar, casi que a escondidas de la Cámara, y sin que el gobierno, que debería estar enterado, se opusiera. Pero la Cámara se percató del error cometido, y como sus alcances que fueron calificados como un golpe al acuerdo de paz con las Farc, acabaron con la vida de ese mico que apenas duró 17 horas. El presidente Iván Duque ya tiene en sus manos el instrumento para adelantar diálogos de paz, como lo han tenido sus antecesores. Sin embargo el propósito del gobierno parecía tener una ley que dificultara estas negaciones. El Congreso le entregó un instrumento para que en cuatro años el presidente adelante su política de paz.