El Congreso de la República aprobó este miércoles, en último debate, un proyecto de ley conocido como de segundas oportunidades, que brinda beneficios a las empresas que contraten a las personas que salieron de la cárcel tras cumplir su condena.
La iniciativa es impulsada por Johana Bahamón, quien se ha caracterizado por trabajar en favor de los derechos de los privados de la libertad, especialmente desde su Fundación Acción Interna.
Tras la aprobación del texto, Bahamón y la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, expresaron su satisfacción y subrayaron la importancia de la nueva norma, que debe recibir la sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
“Aprobado en cuarto debate, último debate, nuestro proyecto de ley de segundas oportunidades, a la espera de sanción de sanción presidencial. Un proyecto que va a beneficiar a más de 97.000 personas que hoy se encuentran privadas de la libertad. Este proyecto, ya casi ley de la República, le va a dar incentivos tributarios y económicos a las empresas que contraten población pospenada. Una ley de inspiración de Johana Bahamón por su excelente trabajo que ha hecho en las cárceles de Colombia”, señaló la congresista Miranda a través de un video publicado en Twitter.
“Gracias a todos los partidos que apoyaron este proyecto de ley y gracias Colombia por creer en las segundas oportunidades”, agregó Bahamón en el clip.
Como informó SEMANA, en el proyecto se establece que las compañías que contraten a personas con esta condición tendrán beneficios en el pago de parafiscales, con aportes correspondientes a las cajas de compensación familiar.
Se propone que si la contratación de trabajadores que hayan cumplido su condena representa el 1 % de la nómina, la empresa solo pagará el 80 % del valor total de los aportes mencionados en el primer año gravable, mientras que en el segundo será del 90 %.
Posteriormente, si la nueva contratación representa el 5 %, la empresa solo pagará el 60 % en el primer año gravable y el 80 % el segundo. Si la contratación representa el 10 %, el primer año pagará el 40 % y el segundo el 70 %. Si representa el 15 %, el primer año girará el 20 % y el segundo el 60 % por cada empleado nuevo contratado.
Así mismo, se establecen otras condiciones, como que los beneficios solo serán para empresas que tengan más de 100 empleados, y se establecen beneficios adicionales si al menos el 60 % de los contratados pospenados son mujeres.
“(Se hace) con el objetivo de que las mujeres, sobre todo cabeza de familia que logran salir de cárcel, que ya pagaron sus deudas con la justicia, que efectivamente ya se reinsertaron a la sociedad, puedan tener la posibilidad de una segunda oportunidad en la sociedad”, dijo Miranda, coautora de esta iniciativa
También se establecen otras condiciones para excarcelados que quieran aspirar a cargos públicos, como dar incentivos en el porcentaje de las pruebas. Se propone que las entidades estatales otorguen el 0,5 % del total de los puntos establecidos.