El senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, ratificó este martes que no enviará a la Casa del Nariño el acto legislativo que pretendía crear las circunscripciones especiales de paz, reforma pactada en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, por considerar que dicho proyecto no fue aprobado por las mayorías exigidas por la Constitución. El congresista conservador, además, señaló que la acción de tutela que así se lo ordenaba es "improcedente".En la tarde del lunes, el juzgado 16 administrativo de Bogotá admitió la tutela interpuesta por Robinson López Descanse, líder indígena del Putumayo e integrante de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia (Opiac), en la que pedía que se declararan por aprobadas las circunscripciones para las víctimas. Al admitir este recurso, este despacho judicial estableció medidas cautelares y en una de ellas le ordenó al Congreso enviar el proyecto a la Presidencia para proceder a su promulgación. La tutela fue controvertida en un sector de la opinión pública por cuenta de que López ha sido durante 2017 contratista del ministerio del Interior y por parte de quienes consideran que es una atribución excesiva de la justicia frente al poder legislativo. De esta forma se abrió un nuevo capítulo en el novelón de las circunscripciones especiales de paz que comenzó el pasado 30 de noviembre, último día de vigencia del fast track, cuando 50 senadores votaron la conciliación de la reforma. Para la Secretaría General del Senado los votos no fueron suficientes para constituir la mayoría calificada que requería el proyecto; sin embargo, el Gobierno consideró que sí lo eran, pues el quorum de la plenaria debía reducirse por cuenta de las tres curules vacías de los tres senadores de La U que hoy están en prisión. En consecuencia, el Gobierno, mediante un derecho de petición, le pidió al presidente del Congreso enviar la reforma a la Casa de Nariño para su promulgación ejecutiva, pero el pasado jueves, y tras analizar conceptos de asesores jurídicos, el senador Cepeda se abstuvo de hacerlo y señaló que la reforma no fue aprobada por el Senado. La tesis del presidente del parlamento era distinta a la de un concepto del Consejo de Estado, que manifestó que las mayorías sí deben reducirse por cuenta de los escaños vacíos, respaldando los argumentos del Ejecutivo. En contexto: Tutela de jueza bogotana podría revivir las circunscripciones de pazTras el fallo de tutela, este martes el presidente del Senado dio respuesta a la decisión judicial. Aseguró que constituye un hecho inusitado, sin precedentes en la historia reciente del país, que un juez de la república, en particular una jueza administrativa del circuito y que en su criterio carecía de competencia, haya admitido y tramitado una acción de tutela ordenando como medida cautelar que el Congreso enviara, sin precisar a quién ni a dónde, un proyecto de acto legislativo que, como lo certificó el secretario general de esta corporación, Gregorio Eljach, no superó las exigencias requeridas para su aprobación."Preocupa, entonces, que un juez de la república esté asumiendo competencias que por mandato constitucional tiene expresamente asignadas el Congreso de la República para reformar la Constitución Política, en su calidad de máximo órgano de representación democrática, pues en nuestro estado social de derecho es el único que tiene la atribución de tomar ese tipo de decisiones en su condición de constituyente derivado", explicó Cepeda. "Se han adoptado las medidas necesarias e impartido las debidas instrucciones al secretario general del Senado, quien conforme a lo dispuesto en la resolución 038 del 25 de mayo de 2015, ostenta la representación judicial sobre asuntos legislativos del Senado de la República, para que, de acuerdo a sus funciones, adelante las acciones pertinentes relacionadas con la acción de tutela en cuestión", agregó el presidente del Congreso. En consecuencia, el proyecto de las circunscripciones especiales de paz seguirá archivado en el Capitolio y, de momento, el próximo Congreso no tendrá la representación de las víctimas de los territorios más afectados por el conflicto, a menos de que se diseñe una fórmula para garantizar la presencia de esta población. La situación es trascendental para la implementación del acuerdo de paz, porque podría constituir un incumplimiento a lo acordado en La Habana en los puntos de víctimas y participación política del acuerdo general para la terminación del conflicto. Pero, además, deja en incertidumbre la participación de representantes de las víctimas en las elecciones legislativas, pues este lunes se cerró el plazo de inscripción de candidatos para Senado y Cámara. La otra vía judicialPor otro lado, el propio Gobierno confirmó, casi que a la par que se conocía esta decisión del Congreso, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de cumplimiento que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, interpuso para -por otro canal judicial- intentar obligar al Congreso a que reverse su decisión de hundir las 16 circunscripciones de paz y proceda a enviársela al presidente Juan Manuel Santos para su promulgación ejecutiva. En esa decisión se ordena la práctica de pruebas relacionadas con la forma en que el Congreso realizó la votación de dicha reforma constitucional, en la plenaria del pasado 30 de noviembre, para determinar hasta qué punto el Ejecutivo tiene o no razón en sus alegatos. La movida también generó suspicacias en la oposición por cuenta de que el magistrado ponente, Luis Manuel Lasso Lozano, fue elegido como suplente para ser uno de los magistrados de las salas de la JEP. Rivera, coterráneo de López Descanse -quien interpuso la tutela que el Congreso se negó a acatar-, aseguró que "no voy a entrar en una controversia con el presidente del Senado", pero advirtió que continuará adelante con su lucha en los estrados judiciales por conseguir a través de la rama judicial lo que no logró a través de votaciones en el Capitolio.Esta acción de cumplimiento, además, fue admitida por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, quien hace parte de la lista de suplentes del Tribunal para la Paz que se conformó en el marco de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esto, que no tiene nada de controversial desde el punto de vista legal, sí ha generado suspicacias entre los sectores de oposición que argumentan que, tras la designación mencionada, podría no tener la imparcialidad que requiere para este tipo de procesos. Claro que eso ya será algo que decida el despacho judicial al que pertenece.Y, además, la oposición también ha cuestionado que el tutelante del Putumayo haya tenido relaciones contractuales con el mismo Gobierno y ahora busque respaldar sus posturas desde los estrados. El presidente de la Cámara, el representante de Cambio Radical Rodrigo Lara, al final de la tarde de este martes salió a respaldar a su par de Senado y aseguró que "no vamos a entregar la autonomía del Gobierno". Añadió que lo que ahora se vive entre el Gobierno y el Congreso "es un choque de trenes" en el que "un juez, abusando de la figura de la tutela (...), pretende doblegar al Congreso".Eso se traduce en que la puja entre las ramas ejecutiva y legislativa será resuelta por la judicial. Un "choque de trenes" que involucra a los tres pilares del Estado colombiano y cuyos resultados son inciertos.