El hospital universitario Erasmo Meoz de Cúcuta parece de guerra. Si antes de la oleada venezolana sus urgencias se mantenían colapsadas, hoy usan cualquier espacio para poner sillas y camillas para atender a los enfermos. Los pasillos parecen una extensión de la unidad de urgencias, y las salas de cirugía permanecen a tope. Pero aún con la dramática y compleja situación, al final las personas reciben la atención que requieren, algo que no ocurre con facilidad en el país vecino. El Erasmo Meoz presenta la cara más visible y dramática del impacto que ha recibido el sistema de salud por atender no solo a los migrantes sino a miles de venezolanos que buscan en Colombia una luz ante el evidente derrumbe de la sanidad en la república bolivariana. En los hospitales a lo largo de la frontera, o incluso de ciudades como Cartagena, Bucaramanga, Medellín o Bogotá, la situación se repite. Puede leer: Venezuela, cada vez más cercada El gobierno de Venezuela desmiente cualquier crisis en su sistema sanitario, pero las cifras evidencian lo contrario. El 70 por ciento de las salas de emergencia ofrecen servicios intermitentes o no funcionan, en el 90 por ciento de los hospitales públicos los rayos X y tomografías tampoco sirven. Un 53 por ciento de los quirófanos no están habilitados y hay un 88 por ciento de escasez de medicamentos. La OPS estimaba que a julio de 2018, un tercio de los cerca de 66.000 médicos registrados habrían abandonado Venezuela. El derrumbe del sistema de salud del país vecino preocupa no solo a las autoridades de Colombia, sino a las de todo el continente. Estas han visto cómo ese país se ha convertido en un foco de enfermedades ya erradicadas, como el sarampión o la difteria, o ha fortalecido otras, como la tuberculosis, la malaria y las enfermedades de transmisión sexual, en especial el VIH-sida. Proyecto de fallo propone frenar la adjudicación de licencias mineras hasta que haya un protocolo de consulta previa. La difteria, que no había registrado un caso entre 2006 y 2015, tuvo un rebrote continental. Desde julio de 2016, ya van más de 1.500 registros, y, de sarampión, ya van 383 casos registrados. Estas y otras amenazas han hecho que el Ministerio de Salud haya tenido que poner en marcha un amplio y costoso programa de vacunación en las fronteras y en las ciudades con más migrantes. Más de 1.157.000 venezolanos han recibido vacunas desde agosto de 2017 a mayo de este año, con un costo superior a los 16.000 millones de pesos. En Norte de Santander, Santander, La Guajira, Arauca, Cesar, Magdalena, Atlántico y Antioquia, Bogotá y Cartagena se concentra el 84 por ciento de las inmunizaciones aplicadas. La falta de acciones reales de salud pública ha hecho que los indicadores de salud de Colombia y otros países hayan sufrido retrocesos. Cifras del Ministerio de Salud estiman que, desde 2017, el sistema ha prestado cerca de 3 millones de atenciones médicas a unos 450.000 venezolanos, especialmente en urgencias fundamentales. Cálculos conservadores muestran que esto le cuesta al Estado más de 300 millones de pesos diarios, unos 10.000 millones de pesos al mes, partiendo de que solo entre enero de 2017 y febrero de este año, la red pública hospitalaria le ha facturado al sistema 227.000 millones de pesos. ¿Cómo afecta la migración de venezolanos en Colombia? Preocupa que de mantenerse el crecimiento de migrantes y la demanda de servicios, el país tendrá que destinar más de 1,2 billones de pesos anuales solo para atender la salud de estas personas, y casi 4 billones para educación y otros servicios sociales. Aún peor, la migración y la crisis sanitaria venezolana también han aumentado los indicadores negativos en la salud, como los de mortalidad materna, que subió en un 65 por ciento, y la infantil, en un 30. O que los pacientes con cáncer, diabetes o insuficiencia renal no tengan acceso a los medicamentos y tratamientos que requieren. De ahí que Iván Darío González, viceministro de Salud, afirme que “quienes llegan a tener sus hijos o a ser atendidos, lo hacen en un estado crítico. Hay mujeres embarazadas que llegan con siete u ocho meses sin haber recibido una sola consulta y con un grado de desnutrición preocupante”.
Desde que Juan Pablo Uribe asumió la cartera de Salud, ha emprendido un trabajo para garantizarles a los migrantes venezolanos el acceso a la salud. Y la situación tiende a complicarse. Cálculos del gobierno, conocidos por SEMANA, muestran que hay unas 5.000.000 millones de nuevas personas que pueden demandar servicios del sistema de salud. Esto si se considera que en este momento hay 1.408.055 venezolanos en Colombia, de los cuales solo 742.000 tienen sus papeles en orden. A estos se suman unos 500.000 colombianos que han regresado al país en los últimos años. Además, gracias a la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, más de 3.400.000 personas habrían entrado y salido del país hasta junio. Todo esto, sin contar con los cientos de miles que han recorrido Colombia en tránsito hacia otros países de Sur y Centroamérica. Le recomendamos: Crisis en Venezuela: Guanta, la ciudad invisible que vive bajo una nube tóxica Frente a este complejo panorama, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, advirtió que están trabajando en una estrategia para hacerle frente al fenómeno. Como primer punto, buscan conseguir los recursos para pagar las atenciones individuales a los migrantes que no tienen cómo solventar los servicios, que a fin de cuentas son la mayoría. En segundo lugar, incentivar y aumentar rápidamente el aseguramiento para los migrantes, tanto para los colombianos retornados como para los venezolanos. El tercero, aumentar y focalizar la cooperación internacional. El cuarto, fortalecer las acciones de salud pública frente a la migración, especialmente regional, que han estado por fuera de la agenda de la propia Organización Panamericana de la Salud. Y finalmente trabajar contra cualquier fenómeno de xenofobia o discriminación.
Fuente: Migración Colombia. “Colombia no puede pensar que este fenómeno migratorio va a acabarse. Tenemos que tener claro que en su mayoría son personas que vienen a quedarse”, dijo el viceministro González. De ahí que para tratar de afrontarlo el Gobierno está buscando un plan de acción integral y regional. El próximo 26 de agosto, en Cúcuta, se realizará un encuentro de ministros de salud del continente para mirar los efectos que generan la migración y el deterioro de la calidad de vida en Venezuela. Y en septiembre, Colombia propondrá un Plan de Acción Regional sobre Salud y Migrantes en la OPS, para que el organismo lo discuta en su próxima cumbre en 2020.