La Sección Tercera del Consejo de Estado admitió una tutela contra el presidente Gustavo Petro, por la vulneración de derechos fundamentales en la que habría incurrido durante la alocución presidencial en la que denunció la compra del software Pegasus.
La acción fue interpuesta por un ciudadano identificado como Stefan Bravo Martínez, quien se presentó como el representante legal y presidente de la veeduría ciudadana Antioqueños por Colombia - Abogados por la Verdad, en la tutela que radicó contra el presidente Gustavo Petro.
El Consejo de Estado explicó que el recurso se dio “con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación y honra. Considera que estos fueron vulnerados con ocasión de la alocución presidencial del 4 de septiembre de 2024, en la que se dio a conocer información confidencial acerca de la compra del software Pegasus”.
Por esa razón, el alto tribunal decidió admitir la demanda, vincular a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa en calidad de terceros y notificar la decisión “al Presidente de la República, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa. Para tal efecto, la Secretaría General de la Corporación remitirá en la forma indicada, a las respectivas direcciones de correo electrónico, copia de la demanda, sus anexos, el escrito de subsanación de la misma, así como de esta providencia”.
El objetivo de la demanda es que el presidente Petro se retracte en público por las manifestaciones que hizo sobre la compra de Pegasus, al considerar que incurrió en el delito de injuria y calumnia, pues, dice el documento, “sin tener pruebas contra el expresidente Iván Duque y quiénes fueron ministros de Defensa y directores de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) ,a quienes se les imputa presuntamente el pagó 11 millones de dólares en efectivo por la adquisición del software”.
La tutela en manos del Consejo de Estado también argumenta que la alocución del presidente Petro “es en realidad la comisión de una denuncia falsa vale decir que es un delito que comete aquella persona que imputa falsamente y de la mala fe una serie de conductas punibles a una persona concreta. Las consecuencias de una denuncia falsa son graves y se regulan en el Código Penal Colombiano y de Procedimiento Penal Colombiano”.
Recientemente llegó a la procuraduría una queja anónima contra la UIAF, por el informe que leyó el mandatario colombiano en la Casa de Nariño en una alocución, sobre el software de espionaje Pegasus. El jefe de Estado, mostró su molestia, por medio de su cuenta personal de X, antes Twitter, al señalar que esa queja, tiene la intención de “acabar con la figura presidencial en Colombia”.
“Esta es toda una intención de acabar con la figura presidencial en Colombia. ¿A qué presidente de Colombia habían fallado en desacato?, ¿ a cuál presidente de Colombia le habían quitado su competencia constitucional en servicios públicos? ¿A qué presidente de Colombia lo habían desaforado inconstitucionalmente?”, posteó Petro.