Este viernes, el Consejo de Estado confirmó la decisión que suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del acto de elección del rector de la Universidad Militar Nueva Granada, periodo 2023-2027. En la decisión se advierte que, contrario a lo dicho por el accionante, la decisión emitida por la Sección Quinta el pasado 25 de agosto cumplió con todos los trámites.
En este sentido, se advirtió que en el recurso de reposición el accionante controvirtió aspectos relacionados con la admisión de la demanda y alegó el incumplimiento de los requisitos exigidos para el decreto de la suspensión provisional. Sin embargo, se alega que en contra de la admisión de la demanda no procede recurso alguno, que la medida cautelar fue debidamente presentada y motivada, de conformidad con la ley y que su decreto no exige la demostración de perjuicio irremediable.
Contrario a lo expuesto por el afectado, la medida cautelar decretada tiene como finalidad el acatamiento de sus normas internas, lo cual procura por el respeto y la protección de su autonomía universitaria y no por su desconocimiento.
La suspensión de la elección se mantendrá mientras se toma una decisión de fondo frente a la demanda presentada por Luis Fernando Puentes, exrector de la Universidad.
En la acción judicial se indica que la elección de Ayala habría tenido vicios de trámite, ya que no se habrían configurado las mayorías necesarias para escogerlo en el cargo.
Esto al reseñar que para la elección el Consejo Superior Universitario, que decide el cargo, no habría elegido a Ayala por mayoría simple sino “relativa”, es decir, que a pesar de que obtuvo la mayor cantidad de votos, no se habría cumplido el requerimiento. Ayala tuvo cinco apoyos, Jaime Agustín Carvajal, tres, y Puentes, tres.
El tema es que, como ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría simple, que según el demandante debía ser de siete votos, posteriormente se decidió, también por votación, que el de mayor respaldo sería el elegido.
“Sometida a votación dicha propuesta, resultó aprobada por seis (6) de los miembros del Consejo, mientras que los cinco restantes votaron negativamente. En consecuencia, el órgano colegiado decidió, mediante Acuerdo 03 del 20 de junio de 2023, que a partir del 15 de agosto del mismo año, el rector para el período 2023-2027 fuera Javier Alberto Ayala Amaya”, dice la demanda presentada por Puentes.
Por su parte, Ayala le contestó al Consejo de Estado que el demandante interpretó “erradamente” la doctrina constitucional y defendió que él fue elegido por la mayoría del Consejo. Por ahora, el alto tribunal estudiará la demanda, pero según la decisión, Ayala deberá apartarse temporalmente del cargo mientras se resuelve en derecho.
SEMANA se comunicó con Ayala para conocer su posición sobre la decisión. Dijo que por ahora no ha sido notificado formalmente, aunque asegura que respetará la decisión judicial. “En todo momento se acatarán las decisiones judiciales, en el marco del derecho administrativo que se den”, indicó.
Ayala dijo que el equipo jurídico de la universidad, una vez sea notificado, interpondrá los recursos que la ley administrativa les permite. “Tengo que dar a conocer que el cargo de rector no es un cargo de nombramiento, es un cargo de elección. Y, obviamente, lo que pudiera en un momento determinado estar en desarrollo de unas demandas de nulidad, es el proceso electoral que surtió ante el Consejo Superior Universitario”, aseguró.
El general (r) Ayala recordó que en ese Consejo hay 11 representantes, entre ellos el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, un representante de los exrectores, uno de la Escuela Superior de Guerra, de la Escuela Militar de Cadetes, uno de los directivos, entre otros.
“Son 11 personas que votan, y si todos en algún momento recuerdan el proceso electoral, nos dio una victoria inicial de 5 votos a favor, 3, 3. La posterior votación dio 5-3-3, y la última votación, de la cual los medios de comunicación advierten dio 6-5″, aseguró el general Ayala.
El rector insistió en que ese Consejo Superior Universitario es la máxima gobernanza que tiene el claustro académico y que, por lo tanto, también deberán sustentar en el Consejo de Estado las decisiones que tomaron para su elección.
“Vamos a ejercer nuestra defensa y vamos a brindar los argumentos jurídicos. Quiero brindar un parte de tranquilidad, en este momento el ejercicio de rector se tiene que dar en las condiciones que me concede el ser servidor público del Estado, pero debo ser respetuoso y es un llamado al acatamiento de cualquier decisión”, afirmó.
Ayala dijo que la decisión judicial no lo toma por sorpresa, porque ya sabía de la existencia de siete tutelas que se han presentado en su contra por el proceso electoral ante distintos organismos judiciales.
El general insistió en que seguirá ejerciendo como rector mientras es notificado de la decisión judicial. Incluso, señaló que en la tarde de este viernes (25 de agosto) tomó el juramento de algunos cargos directivos.