El Consejo de Estado podría definir hoy el futuro del ‘fracking’ en Colombia. Tras varios intentos, la Sala Plena discutirá sobre los límites, las afectaciones y también las ventajas de esta práctica. En marzo, aunque todos pensaban que finalmente se conocería un fallo de fondo por parte del Consejo de Estado en relación con la reglamentación técnica del ‘fracking’ en el país, esto no sucedió así.
En ese momento, la sección tercera del Consejo de Estado tumbó la ponencia redactada por el magistrado Ramiro Pazos, la cual le daba la razón a la demanda de los grupos ambientalistas y pedía anular dichas normas. Sin embargo, esto no quiere decir que estas (las normas) queden con vía libre.
En esta nueva ponencia, se podrá pedir la nulidad o la continuación de las normas técnicas del ‘fracking’, alrededor de lo cual cabe destacar que se encuentran suspendidas bajo el principio de precaución.
Cabe señalar que este fallo no prohíbe el desarrollo del ‘fracking’ en el país, sino que tumbaría la regulación técnica. Esto quiere decir que, en caso de que esto suceda, el Ministerio de Minas tendría que expedir una nueva regulación. La única vía para suspender el ‘fracking’ en el país es por medio del Congreso de la República, donde ya hay varios proyectos de ley que buscan su prohibición.
En este caso, Jaime Rodríguez, presidente de la sección tercera, fue el encargado de redactar la nueva ponencia en medio de una discusión que completa más de dos años, desde cuando se suspendió la regulación de manera preventiva, respondiendo a una demanda instaurada en 2016.
Varios sectores han criticado el ‘fracking’. Por ejemplo, en el departamento del Cesar nació el movimiento Cesar sin ‘fracking’, el cual busca trabajar por la protección de los recursos naturales, las fuentes de agua, la salud pública, el derecho al ambiente sano y la prevención de conflictos socioambientales.
Allí varias organizaciones de distintos municipios unieron fuerzas para manifestar su rechazo en torno a los proyectos de explotación de yacimientos no convencionales de gas asociados al carbón y fracturación hidráulica.
Según sus gestores, se trata de una iniciativa ciudadana que nace de la toma de conciencia sobre la importancia y necesidad de cuidar los ecosistema. Además, como un acto de manifestación por los conflictos socioambientales que el extractivismo minero carbonífero le ha generado al departamento.
Hace pocos días, en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, fue radicado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley Democracia Ambiental, que busca regular la participación de la ciudadanía afectada, o que potencialmente puede serlo, por proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.
Con el respaldo de 40 congresistas de diferentes partidos y 150 organizaciones ambientalistas, se pretende que esta iniciativa se consolide como una de las más importantes que se debata en materia ambiental en la presente legislatura.
La iniciativa, que fue construida de manera conjunta con el Movimiento Nacional Ambiental, es también, según algunos congresistas, una oportunidad para que el país establezca mecanismos que permitan solucionar conflictos ambientales y avanzar en el desarrollo de los principios base del Acuerdo de Escazú.
Recientemente, el ministro de Minas, Diego Mesa, señaló que el primer piloto de ‘fracking’ en Colombia será en 2022.