En una sentencia de segunda instancia, la sección primera del Consejo de Estado confirmó la sentencia a la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, ordenando al Gobierno nacional concluir el proyecto de represa del río Ranchería.
Es su acción popular, la Procuraduría denunció el incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, así como la vulneración a la existencia del equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
El Ministerio Público también alegó la falta de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y potable para el consumo humano en los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.
El fallo del Consejo de Estado ordena a los diferentes ministerios y agencias del Gobierno que tienen competencias en el documento ‘Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería’, elaborada por la Agencia de Desarrollo Rural, ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas y necesarias para finalizar el proyecto.
Esta iniciativa, que pretende abastecer los acueductos de 9 municipios en La Guajira, se ha convertido en uno de los mas grandes elefantes blancos del país. Los contratos del proyecto se celebraron desde 2001 y las obras de construcción iniciaron en 2005, pero se detuvieron en 2010. Solo se desarrolló la fase I del proyecto, la presa ‘El Cercado’, cuyas construcción se llevó a cabo entre el 10 de enero de 2006 y el 30 de noviembre de 2010.
Una vez iniciadas las obras, hubo una emergencia ambiental generada por la contaminación del agua con productos químicos, lo que ocasionó la muerte de miles de peces. La conclusión es que la Unión Temporal La Guajira (UTG), encargada del proyecto, no cumplió las recomendaciones del plan de manejo ambiental.
En 2010 el fenómeno de La Niña provocó la creciente del río Ranchería, lo que anticipó el llenado del embalse en cuatro meses, cuando estaba previsto que ocurriera en dos años, lo que de acuerdo con la Contraloría causó la inundación de comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del proyecto, como las de Caracolí, Piñón y Piñoncito.
El costo total de la iniciativa fue de más de 650.00 millones de pesos y la obra quedó en el papel desde hace más de 15 años, pese a tratarse de uno de los megaproyectos más importantes del país y a las necesidades de agua potable que tiene la región.
En 2017 la Contraloría general de la República advirtió las evidentes irregularidades en el proyecto, con 43 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta connotación disciplinaria y cuatro presunto alcance fiscal por $934.5 millones.
En su decisión, el Consejo de Estado ordena la conformación de una mesa técnica en la que deberán estar el Departamento Nacional de Planeación; la Gobernación de La Guajira; la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Minas y Energía y del Interior.
Así mismo, el Consejo de Estado ordenó que la Presidencia de la República, en cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), debe coordinar con las entidades demandadas y demás entes competentes, para incluir el proyecto del Acueducto Regional, en la alianza por el Agua y la Vida que viene implementado en virtud de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, priorizando el proyecto de ejecución de las obras necesarias para conectar los acueductos a la represa El Cercado.