Como lo anticipó SEMANA, el Consejo de Estado le pidió a la Fiscalía General investigar un presunto fraude en una acción de tutela que se presentó en contra de la suspensión de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín. Esto después que el mandatario asegurara que él no había presentado una acción judicial que aparecía con su nombre ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
El pasado 10 de junio, Quintero Calle, al ser consultado directamente por el Consejo de Estado, aseguró que “no interpuso” dicha acción de tutela y tampoco “otorgó autorización para que se presentara la misma, ni fue quien la suscribió, esto pese a que en el escrito de presentación aparece y firma como uno de los demandantes. La Sección Quinta determinó que se pudo presentar la comisión de un delito.
En la demanda aparecía como accionante el propio Quintero Calle y la coadyuvancia de un tercero, lo que implicaba que este último apoyaría las pretensiones de la parte actora. Sin embargo, el alcalde allegó un escrito en el que afirmó que no presentó esta demanda ni autorizó a nadie para impetrarla a su nombre y aclaró que él ya fungía como accionante de otra tutela que estaba siendo tramitada ante el Consejo de Estado.
Debido a esta situación, la corporación judicial resolvió archivar una demanda de amparo constitucional que pedía suspender el auto por medio del cual, el 10 de mayo, la Procuraduría General suspendió del ejercicio de sus funciones a Quintero Calle por participación en política en medio de la contienda a la Presidencia de la República.
El pasado 21 de junio, un día después de las elecciones en las que Gustavo Petro ganó la Presidencia, la Procuraduría General levantó la suspensión de Daniel Quintero al considerar que ya se habían superado los hechos que motivaron la decisión disciplinaria.
“La Ley 2094 de 2021 reviste de facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para disciplinar a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, y reitera la competencia de esta entidad de suspenderlos de manera provisional cuando se cumplan las causales descritas en la Ley”, recordó el Ministerio Público.
Sin embargo, Quintero Calle seguirá vinculado al proceso de investigación disciplinaria. De concluirse, el mandatario podía ser destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Según las quejas presentadas ante la Procuraduría General en contra del alcalde de Medellín, en diferentes oportunidades habría mostrado un apoyo directo en actos públicos, pronunciamientos y publicaciones en redes sociales a la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez.
La veeduría ciudadana Todos por Medellín y el diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Peláez, sostienen que el mandatario incurrió en un supuesto activismo político. En las pruebas presentadas hay trinos, grabaciones de eventos y declaraciones en medios de comunicación en los que el alcalde se habría sumado a la campaña aludiendo a los candidatos presidenciales y agrupaciones políticas que participan en las contiendas.
Una de las acusaciones pone sobre la mesa una serie de convenios interadministrativos que habrían aprobado las secretarías con varios medios de comunicación y empresas de logística, cuyas tareas tendrían como objetivo resaltar la gestión de la Alcaldía y atacar a sus contradictores.
“Lo están haciendo a través de Telemedellín y la Gerencia de Comunicaciones. Muchos de los contratos de cuatro, cinco y siete millones de pesos que, sumados, podrían llegar a 13 mil millones de pesos”, señaló el diputado de Antioquia.
Por otro lado, la veeduría le planteó al ente de control que evalúe la actuación de la gestora social y esposa de Quintero, Diana Osorio. Para los integrantes de ese grupo, el alcalde habría hecho política a través de ella, quien no tiene limitaciones.
Igualmente, se anexó el video publicado a mediados de mayo por Quintero Calle en sus redes sociales en el cual aparece prendiendo un vehículo con la expresión “el cambio en primera”, una frase que fue utilizada por la campaña de Petro en diferentes oportunidades.