La batalla legal de Gustavo Petro en contra las sanciones de la Contraloría Distrital de Juan Carlos Granados acaba de entrar en un terreno peligroso para el exalcalde de Bogotá. El Consejo de Estado tumbó la medida cautelar que mantenía en el congelador una sanción por de 217.000 millones de pesos contra Petro. Le fue impuesta por el supuesto daño patrimonial que causó en su alcaldía la reducción de los pasajes de TransMilenio durante las horas valle.Gracias a esta medida cautelar emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Petro pudo continuar su campaña política a la presidencia, y después pudo posesionarse como senador de la República con 8 millones de votos. Sin embargo, un repentino revés del Consejo de Estado podría ponerlo en aprietos. Puede leer: Los 6 casos por los que el futuro político de Petro es inciertoLa Sección Primera del alto tribunal dejó sin efectos la medida provisional por un vicio de forma al considerar que la decisión no la debió tomar un solo magistrado. "Por tratarse de un organismo colegiado que conoce del caso en primera instancia, como el Tribunal, el estudio de la medida cautelar debió ser estudiado por la respectiva Sala y no unipersonalmente por el ponente", aseguró el alto tribunal en su providencia. Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se alista para decidir de fondo el pleito, deberá apresurarse a convocar en los próximos días para decidir si mantiene suspendida o no la sanción contra Petro.
El caso judicial tiene varias complejidades. Lo primero, es que quien profiere esta decisión es Juan Carlos Granados, el contralor que acaba de ser llamado a imputación de cargos por supuestos hechos de corrupción de Odebrecht cuando era Gobernador de Boyacá. Segundo, que por estos mismos hechos, la Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria en contra Petro, al considerar que no existe detrimento patrimonial cuando se trata de políticas públicas implementadas por un mandatario local que tomó decisiones con base a estudios técnicos que las soportan. Pero lo que definitivamente puede poner en jaque el futuro político del exalcalde, es la reciente decisión de la Corte Constitucional que dejó en firme todas aquellas normas que establecen que las sanciones fiscales emitidas por un órgano de control pueden inhabilitar para ejercer cagos públicos a un funcionario que no pague, así haya sido elegido popularmente. Es decir, que estando activa esta millonaria multa, la situación de Petro como senador pende de un hilo.
Consultado por SEMANA, Dagoberto Quiroga, el abogado del lider político manifestó que una eventual inhabilidad por cuenta de la sanción de la Contraloría Distrital no es automática y requiere que se surta un trámite de demanda ante el mismo Consejo de Estado. El defensor hizo un llamado para que el Tribunal Administrativo se pronuncie de manera pronta con el fin de evitar una inestabilidad jurídica frente a esa decisión que acaba de proferirse en el Consejo de Estado. "Estoy confiado en que los magistrados del Tribunal van a ratificar la medida cautelar y van a tumbar la sanción. El Contralor Distrital aplicó una norma de manera errática; la presunción de culpa grave o de dolo se usa para acciones de repetición pero no para un proceso de responsabilidad fiscal", explicó Quiroga. Además, reiteró, al igual que lo señaló la Procuraduría, que la decisión de bajar los pasajes obedeció a una política pública que adoptó Petro durante su administración y no existe de por medio ningún hecho de corrupción que ponga en duda la conducta del senador. Este nuevo caso judicial promete desatar toda una tormenta política y reanimar de fondo la lucha de Petro para que el Estado colombiano adopte una normativa que se ajuste a los estándares internacionales. Esto es, que solo las decisiones judiciales pueden sacar de su cargo a funcionarios elegidos popularmente, y no los entes de control mediante decisiones de tipo administrativo. Esta pelea la está dando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero con el golpe repentino que acaba de recibir el Consejo de Estado afronta un riesgo inminente.