Nunca antes el Congreso había estado tan enfurecido con la Corte Constitucional como tras el fallo que revivió el Consejo Superior de la Judicatura. Ni decisiones como las del aborto, o la del matrimonio igualitario o la de la eutanasia lo alteraron tanto. Nunca el Congreso se había sentido tan suplantado por los magistrados de la Corte Constitucional.La decisión adoptada el pasado jueves fue entendida por todos los parlamentarios como que el Congreso de la República no tiene la competencia para reformar la administración de justicia, como pretendió hacerlo con la llamada reforma al equilibrio de poderes. “Eso es la dictadura de los jueces”, dijo Claudia López. (Vea: los magistrados intocables)Precisamente la senadora de la Alianza Verde sorprendió a la plenaria del Senado al proponer una denuncia penal contra los magistrados que adoptaron esta decisión.“Lo que procede a este Congreso es analizar una demanda por prevaricato flagrante de los magistrados de la Corte Constitucional, o pensar el camino para rehacer el diseño político e institucional colombiano. Ahorrémonos un Congreso elegido popularmente con 268 personas y simplemente hacemos una designación divina de nueve personas para que hagan la Constitución, las leyes y las interpreten”, dijo López.El senador Hernán Andrade apoyó la propuesta y en su calidad de ponente de la reforma al equilibrio de poderes dijo que la Corte Constitucional se excedió y su fallo fue inconstitucional. “Es una burla a la sociedad, al país, a todos. Yo con yo para que me juzguen los que yo nombro. Lo que ha hecho la Corte Constitucional no tiene nombre porque es una absoluta arbitrariedad e ilegalidad a todo orden”, manifestó Andrade.Roy Barreras dijo que el alto tribunal está suplantando las facultades que tiene el Congreso de la República entregadas por los constituyentes de 1991.“No fue eso lo que los constituyentes crearon con la Corte Constitucional y no basta con sentar la voz de protesta porque cuando hay un golpe de Estado al estado de derecho, eso debe tener reacciones”, consideró.A tenor del malestar creciente que hay en el Congreso, se puede tratar de un choque de poderes que podría traer consecuencias. Desde el capitolio consideran que también podría ser una advertencia de la Corte frente a otras decisiones controvertidas del Congreso, caso del acto legislativo para la paz que deberá ser aprobado por el alto tribunal.