Constantino Ramírez Bedoya fue asesinado el 17 de octubre, en horas de la noche cuando se dirigía en una moto, en la vía que conduce de Calarcá al Resguardo Indígena Dachi Agore, esto en el departamento del Quindío. Su muerte fue calificada como un “vil asesinato” y generó indignación en el pueblo indígena; por su asesinato y la de otros líderes la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, solicitó a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Vicky Tauli, “visitar de manera urgente y extraordinaria a Colombia para que verifique la grave situación de genocidio indígena”, dice el comunicado. De acuerdo con las cifras reveladas por la Onic en lo que va del mandato del presidente Iván Duque, han sido asesinados 115 indígenas, de acuerdo con los meses que lleva el Gobierno Duque, en promedio un indígena es asesinado cada 4 días. Sin embargo, las cifras que da por ejemplo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, son menores: calculan 83 asesinatos en este mismo lapso de tiempo.
Para el pueblo embera, el asesinato de este líder es un atentado contra la paz, y contra la pervivencia física y cultural de sus comunidades, pues Constantino era uno de los líderes más destacados del pueblo indígena embera en Quindío, fue ambientalista y miembro de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma del Quindío, en la que trabajó desde hace más de 20 años.
El llamado que hace la Onic es también a la comunidad internacional, órganos de control y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Colombia, con el fin de que ayuden de manera inmediata a “rechazar, acompañar y parar el derramamiento de sangre contra nuestros pueblos. "Ayer como hoy, nos asesinan, masacran y solo queda uno más para las estadísticas de esta violencia que no termina en nuestros territorios". Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre el asesinato de Constantino. Sin embargo, en agosto la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez dijo que el Estado estaba en la obligación de proteger a la comunidad. “A nosotros nos duele cuando matan a un indígena, a un líder social, un líder comunitario, un defensor de DD.HH. Nos duele y sabemos que el Estado está en la obligación de garantizar su protección. Por eso, aquí estamos”, aseguró.