La Ley de seguridad ciudadana sigue dando de qué hablar. Luego de haber sido aprobada en el Congreso de la República durante la semana pasada, las opiniones -tanto a favor como en contra- no se han detenido. Ahora, los sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunciaron demandas y movilizaciones proyectadas para 2022 en caso de que algunos artículos no sean objetados por el presidente Iván Duque.
Dentro de los artículos contemplados dentro de la Ley de seguridad ciudadana figuran algunos referentes a cómo entes territoriales podrían celebrar contratos con empresas de seguridad privada para la prestación del servicio de vigilancia en las cárceles del país.
Al respecto, la representante a la Cámara Juanita Goebertus ya había argumentado que “se genera un incentivo perverso porque se les empieza a pagar un servicio a los privados en función del número de personas que están en las cárceles, lo que genera un incentivo a mandar a más personas a las cárceles”.
A las críticas se suma la advertencia de Óscar Robayo, presidente del Sindicato UTP del Inpec, sobre demandar la Ley de seguridad ciudadana y convocar movilizaciones en su contra para el próximo año. Según comentó en una entrevista con la emisora Caracol Radio, “se incluyó un artículo a manera de ‘mico’ que abre la posibilidad para privatizar la seguridad al interior de las cárceles y convertir esos centros penitenciarios en un negocio”.
“El Ministerio de Justicia, cuando presentó ese proyecto, junto con el Ministerio del Interior, hizo caso omiso a la misma ley y a la Constitución Política y a todos los tratados internacionales (...); todo este tipo de legislación habla de que la custodia y vigilancia de todas las personas privadas de la libertad debe ser por una entidad pública, por el Estado, no por privados”, explicó Robayo.
El presidente del Sindicato UTP, además, advirtió que el Inpec hará todas las movilizaciones que sean necesarias para que el Gobierno nacional modifique la norma.
“Confiamos en que la Corte Constitucional haga una excelente revisión y que el presidente Iván Duque pueda objetar esos artículos antes de la sanción presidencial”, agregó Robayo.
Así mismo, sostuvo que “es imposible” dejarle a los privados las labores que debe hacer el Estado sobre todos los establecimientos penitenciarios del país por su incapacidad.
Los puntos para entender el proyecto de ley sobre seguridad ciudadana
El Senado de la República aprobó en sesión plenaria y por unanimidad el proyecto de ley por “el cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana”.
La iniciativa pretende aumentar penas privativas de la libertad a quienes cometan hurtos urbanos y delitos relacionados, así como a quienes atenten contra los bienes públicos y las autoridades, y ahora este pasará a conciliación.
El paso de esta iniciativa por el Congreso fue de al menos un mes entre debates en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, y a medida que el Gobierno defiende la importancia de este proyecto, sectores de la oposición lo califican como una amenaza en lo que en el derecho a la protesta se refiere.
Algunos de las claves de este proyecto son:
1. La estipulación de la figura del “peligro para la comunidad”, la cual evitaría que un juez cuente con las herramientas necesarias para que los reincidentes en delitos sean judicializados.
Así las cosas, el juez podrá ver “si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años”.
2. También se aumenta la pena del homicidio hasta 58,3 años (en la actualidad el máximo es de 50 años), cuando se cometa en contra de: miembro de fuerza pública en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, con fines terroristas, persona internacionalmente protegida, menor de edad, servidor público, periodista, juez de paz, defensor de Derechos Humanos y miembros de una organización política o religiosa.
Frente al hurto, se establece una pena de prisión, que será de 2,6 años a cuatro años, cuando la cuantía sea inferior a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), y de cuatro a nueve años, cuando la cuantía sea igual o superior a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Con este proyecto, además se da el aval a que las entidades territoriales firmen contratos “para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada” en algunas cárceles de sus territorios. La advertencia de los opositores es que esto podría llevar a la “privatización” de las cárceles.
4. Del mismo modo, se creará la Dirección Nacional de Delitos Informáticos en la Fiscalía General, que busca combatir este tipo de delitos que se han incrementado en los meses más recientes, pues ha aumentado el uso de internet.
5. Finalmente, con la aprobación de este proyecto, se estableció la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística.