No paran las presiones contra la Corte Suprema de Justicia para que elija de inmediato a la nueva fiscal general de la Nación. Precisamente, ahora es el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) el que amenazó con movilizarse hasta Bogotá y “reactivar la minga social” para exigirle al alto tribunal una decisión.
El anuncio se conoce dos días después de que se llevaran a cabo las marchas del 8 de febrero convocadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), apoyadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y que se salieron de control, luego de que los manifestantes usaran la violencia, atacaron a la Policía, bloquearon las entradas del Palacio de Justicia y sitiaran a los magistrados.
Tras varias sesiones de votación, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aplazó nuevamente la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Esto debido a que ninguna de las ternadas (Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez) alcanzó los 16 votos que exige el reglamento para ser la nueva jefa del ente investigador, en reemplazo de Francisco Barbosa, para el período 2024-2028.
El Consejo Regional Indígena anunció que si la Corte Suprema no elige pronto al nuevo fiscal general de la Nación, los pueblos indígenas del Cauca se movilizarán a Bogotá para protestar. Amenazaron con que se viene la “hora cero”.
En un comunicado titulado “si el cambio no se da, la minga del suroccidente se moverá”, el Cric calificó al alto tribunal de estar permeado por una “evidente mafia” que “privilegia los intereses de unos pocos”.
“Los constantes intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia, una evidente mafia que se toma la justicia para privilegiar los intereses de unos pocos, y una persecución y señalamiento permanente a los sectores sociales, sindicales y populares que atenta los derechos y libertades en nuestro país, entre otras razones, nos motivan a mantener la protesta como pueblos, no en contra de la justicia, sino en contra de las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Gustavo Petro Urrego, elegido democráticamente por la mayoría de la ciudadanía colombiana”, aseguraron en el comunicado difundido en su sitio web.
La declaración de la Cric es claro mensaje de que las caóticas marchas son una presión a la Corte, ya que sostienen que es “necesario que la Corte Suprema de Justicia nombre rápidamente al nuevo fiscal general”.
“La movilización del ocho de febrero nos permitió escucharnos entre sectores, quienes coincidimos en que es necesario que la Corte Suprema de Justicia nombre rápidamente al nuevo fiscal general, con el fin de brindar seguridad constitucional y política al país; así mismo, concordamos en llamar a la ‘murga’ de la derecha para que cesen, con sus calumnias y hostigamientos, la intención de dañar el proceso democrático en Colombia”, enfatizaron.
De igual forma, hicieron una convocatoria, claramente respaldada por el Gobierno Petro, y una amenaza contra la seguridad de los magistrados.
“Convocamos a la unidad, a juntar fuerzas, a caminar en torno a la garantía de los derechos y como pueblos indígenas del Cric, ante los últimos anuncios de la Corte Suprema de Justicia de aplazar la elección de la nueva fiscal, de las campañas de desprestigio contra el Gobierno del cambio lideradas por medios de comunicación masivos y un sector político acostumbrado a tener el Poder Ejecutivo a sus servicios, anunciamos que pronto llegará la hora cero para reactivar la minga social y comunitaria por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz”, anunciaron.