Este martes 3 de octubre, la Fiscalía General acusará ante un juez de conocimiento de Bogotá a diez empresarios por su presunta participación y conocimiento en las acciones que se adelantaron para saquear y contrabandear, durante años, petróleo de la estatal petrolera Ecopetrol. Estas acciones, según resalta el ente investigador, se ejecutaron de la mano con varios bloques de la guerrilla del ELN.
Utilizando sus múltiples conexiones y contactos, los empresarios pusieron en marcha un plan para la distribución ilegal de hidrocarburos. Entre los acusados se destaca Hernando Silva Bickenbach, quien fungía como representante legal de Niman Commerce, empresa que fue la encargada de mover —según resalta la Fiscalía Genera en su escrito de acusación de 103 páginas— los hidrocarburos que fueron explotados de manera ilegal del oleoducto Caño Limón Coveñas.
“Silva Bickenbach ha sido uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y/o receptación de los hidrocarburos que se distribuyen de manera ilegal por el territorio nacional, toda vez que esta persona posee un gran músculo financiero que le permite a través de su sociedad Niman Commerce SAS”, precisa uno de los apartes. Los hidrocarburos que vendía —según las pruebas— no contaban con una autorización del Ministerio de Minas y Energía para su comercialización.
Por esto, tendrá que responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado. A la lista de acusados se suman Roger Arturo Gale Gutiérrez, Hiklirs Abraham Rincones Joiro, Óscar Luis Pastrana Martínez, Paola Margarita Martínez Sánchez, Sergio Fortich Pérez, Jaime Fernández Uribe, Jairo Hernán Devia Cubillos, José Gabriel Márquez Santos y Margarita Delgado de García.
Para la Fiscalía, todos ellos pusieron en marcha una distribución de funciones con el fin de lograr el apoderamiento de hidrocarburos que era traficado, en un inicio, por el ELN. “La organización ejecuta de manera técnica el contrabando de hidrocarburos, actividad que realizan con el favorecimiento de sociedades que se encuentran al interior de zona franca de Barranquilla y son las encargadas de facilitar la simulación de estos productos, haciéndolos pasar por otro tipo de producto como ‘residuales’, ‘combustóleos’ y ‘Fuil Oil’”.
Para lograr los fines criminales falsificaron gran cantidad de documentación para desviar la atención de las autoridades y darles, en el papel, legalidad a los movimientos. Tras hacer una minuciosa verificación, y revisar la documentación tanto de Ecopetrol y del Ministerio de Minas, la Fiscalía encontró que muchos datos fueron alterados considerablemente por los empresarios.
“Consignan información falaz como es el origen de los campos o plantas de producción que se han determinado que no existen dentro de los agentes de la cadena de distribución, por lo que se convierte en un mecanismo práctico para la organización den pro de disuadir los controles de las autoridades”.
Frente a esto, se señala que el crudo que comercializaba la empresa Niman no cumplía con ninguno de los requisitos legales, “sino que tiene su origen en intermediación al país desde el exterior de forma ilegítima y en otros casos desde otras fuentes”.
Extinción de dominio
La red criminal que se confirmó entre ELN y las empresas que se constituyeron —para obtener los permisos del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente para la extracción del crudo— lograron amasar una verdadera fortuna que ahora pasó a la administración del Estado.
La Fiscalía logró la ubicación e incautación con fines de extinción de dominio de los bienes que estaban a nombre o de terceras personas, vinculadas a esta organización criminal que desfalcó a Ecopetrol a través del hurto de crudo que terminaba mezclado con hidrocarburos de Venezuela.
Más de 100 propiedades fueron ocupadas por la Fiscalía luego de una larga investigación que permitió la captura de los responsables del hurto, la identificación de las cabezas de esta red criminal y los millonarios lujos que se dieron en el mejor momento de su carrera de traficantes de hidrocarburos.
“De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos”, explicó la Fiscalía.