Al finalizar el primer mes de este año hubo un nuevo capítulo sobre una discusión que lleva sobre la mesa un año y se trata de la construcción de la primera línea del Metro en Bogotá y la posibilidad de que tenga un tramo subterráneo.
Esto lo manifestó el presidente Gustavo Petro y, por supuesto, encendió las alarmas sobre la segunda línea, que pasará por Suba y Engativá.
El mandatario de los colombianos habló en su cuenta de Twitter sobre la financiación de dicha segunda línea del metro.
“Analizaremos si la devaluación del peso y la situación financiera nos permiten el tramo subterráneo de la calle 72 hasta Occidente en Suba. Ojalá se pueda”, fueron las palabras del mandatario refiriéndose a la segunda línea del metro de Bogotá, la cual está diseñada para comenzar precisamente en la calle 72 e ir hasta Suba y Engativá.
Sin embargo, diferentes sectores y entes de control en el país manifestaron su posición frente al plan del presidente Petro de modificar el contrato del metro de Bogotá.
La más reciente fue la del Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en manifestar en su cuenta de Twitter: “Para modificar obligaciones derivadas de un contrato estatal, además de no poderse alterar ni cambiar el objeto contractual, se deben atender los principios de planeación, economía y responsabilidad. Dichos principios deben ser tenidos en cuenta desde la estructuración del mismo”.
Para el presidente Petro, la subida del precio del dólar podría terminar pasándole factura al proyecto, con lo que ahora no solo estaría en riesgo el contrato ya firmado de la primera línea, sino la licitación y contratación de la segunda línea.
Esa nueva incertidumbre en torno a la segunda línea ya se estaría materializando. En diciembre pasado, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, en entrevista exclusiva con SEMANA, había anunciado con gran entusiasmo que en enero de 2023 se iba a abrir la licitación de la segunda línea, pero ya faltan pocos días para que finalice el mes y el anuncio, por ahora, se ha quedado en palabras.
Sin embargo, la Procuraduría General encendió en días pasados las alarmas ante los riesgos que se podrían presentar por las posibles modificaciones al contrato de concesión de la primera línea del metro, que pretende modificar el trazado para construir un tramo subterráneo.
Así se lo advirtió el ente de control a la Empresa Metro de Bogotá. Para el Ministerio Público, los riesgos se verían representados, según pudo conocer SEMANA, en los impactos que se generarían por dichas modificaciones por: mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público.
Por su parte, ante la posible modificación al proyecto, la Veeduría Distrital alertó sobre los graves riesgos económicos, jurídicos y técnicos que podrían traer para el proyecto los cambios del modelo contratado por la Empresa Metro de Bogotá con el consorcio chino APCA Transmetro.
La Veeduría Distrital instó a las autoridades nacionales y distritales a que las decisiones a tomar sobre el proyecto no ocasionen detrimento patrimonial, aumento en el tiempo de construcción, incumplimiento del contrato, rechazo de los financiadores del proyecto e incertidumbre en la seguridad jurídica en próximos contratos.
Para la Veeduría Distrital, en cabeza de Viviana Barberena Nisimblat, es fundamental que no exista pérdida de los recursos invertidos en los componentes de estructuración del proyecto; estudios y diseños; avalúo, compra y demolición de predios; traslado de redes de servicios públicos, así como en las obras como la adecuación del lote del patio-taller y el intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas.