Ad portas de conocerse el nombre de quién será el nuevo contralor general de la República, el concejal de Bogotá, por el partido Polo Democrático, Carlos Carrillo, denunció que, entre el 6 de mayo y el 1 de junio de 2022, en plena Ley de garantías, el contralor Carlos Felipe Córdoba, realizó 89 nombramientos por un valor aproximado de 450 millones de pesos al mes, por un periodo de cuatro meses, lo que sumaría una cifra cercana a los 1.800 millones de pesos.
De acuerdo con el cabildante, “esta avalancha de nuevos nombramientos presuntamente obedece a una estrategia clientelista del contralor para amarrar la elección de su sucesor, que en este caso, la candidata María Fernanda Rangel, es quien recibió la bendición de Córdoba”.
De otra parte, justo cuando se está dando la discusión sobre la disminución del salario de los congresistas, el concejal Carrillo señala que los asesores y directivos de Felipe Córdoba “gozan de un sueldo promedio de 27 millones de pesos” y en los nuevos nombramientos, el concejal resalta el caso de dos muy particulares.
Por un lado, está Diego Alejandro Tabares Prieto, nombrado en nivel directivo grado 01 con un sueldo de 18.716.313 pesos. “El señor Tabares, allegado y copartidario de Omar Yepez, suegro de Pipe Córdoba, perdió la investidura como concejal de Manizales”, dijo Carrillo.
Por otro lado, “está Claudia Marcela Franco Domínguez, a quien también nombró en nivel directivo grado 04 con un salario que ronda los 29 millones de pesos, quien fue directiva de la Escuela Superior de Administración Pública y procuradora Judicial en la Procuraduría General de la Nación”.
Finalmente, el cabildante espera que al momento de la votación por el nuevo(a) contralor general de La República, “los congresistas del sector alternativo se abstengan de votar por la pupila de Pipe Córdoba”.
¿Quién llegará a la Contraloría?
Es posible que no se recuerde una elección de contralor general de la República tan polémica como la que se está viviendo. No hay un día en que no se presente una discusión frente a la lista de diez candidatos que buscan reemplazar a Carlos Felipe Córdoba como jefe del ente de control fiscal.
En medio de demandas, discusiones judiciales e intrigas políticas, esta elección llega a su final este 18 de agosto en un voto finish entre dos candidatos: Carlos Hernán Rodríguez y María Fernanda Rangel.
La Contraloría es una de las entidades del Estado con mayor poder y puede entorpecer el rumbo de cualquier alcalde o gobernador con la apertura de un proceso fiscal. Además, uno de los asuntos que más interesa a los congresistas es que cuenta con amplia burocracia: 6.829 funcionarios y un presupuesto que supera el billón de pesos al año.
Pero, además, se ha convertido en un pulso entre el gobierno de Gustavo Petro, que ve esta elección como la primera prueba de fuego de su coalición, y las fuerzas políticas tradicionales, que buscan presionar al Ejecutivo en medio de su inmenso apetito burocrático.
Los primeros en dar el golpe sobre la mesa fueron los partidos Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical, que pusieron a correr al Gobierno al cerrar filas en torno a la candidatura de María Fernanda Rangel, una aspirante que no cae bien en la Casa de Nariño por su cercanía con el contralor Córdoba.
Esta decisión desató una crisis y llevó tanto al petrismo como a la administración de Petro a moverse para tratar de desbaratar el acuerdo de apoyo a Rangel. El ministro del Interior, Alfonso Prada, tuvo que llamar a algunos congresistas liberales, conservadores y de La U para tratar de echar para atrás el apoyo a la candidata.
Luego de que Julio César Cárdenas, el aspirante más cercano a Petro, quedó por fuera de la contienda, el petrismo y el Gobierno activaron el plan B. Se trata de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien fue auditor general, defensor regional del pueblo y diputado en el Valle del Cauca. Él obtuvo el puntaje más alto entre los diez candidatos en el promedio ponderado, revelado por el Congreso.
En tan solo una semana, Rodríguez, que no estaba en las cuentas de nadie, se convirtió en uno de los más opcionados. Fueron tres las movidas que se hicieron para impulsar su candidatura. La primera fue la recomposición de la lista de elegibles, que se hizo el jueves de la semana pasada. El petrismo logró que Rodríguez, que no había ocupado los primeros puestos en las selecciones iniciales, obtuviera al final el puntaje más alto entre todos los aspirantes.
Para conseguir este promedio se tuvo en cuenta la prueba de conocimiento elaborada por la Universidad Industrial de Santander, la experiencia en la hoja de vida y se le dio valor a la entrevista que les aplicaron los congresistas a los candidatos, un elemento subjetivo que terminó por ser decisivo para poner a Rodríguez como el primero de la lista en puntaje.
Casualmente, el viernes, 24 horas después de haberse confeccionado la lista, el presidente Petro convocó a una reunión a la que asistieron el presidente del Partido Conservador, Carlos Trujillo; la directora de La U, Dilian Francisca Toro, y voceros del Partido Liberal para conversar sobre “la agenda legislativa” y la representación que tendrían las colectividades en el gabinete.
En medio del encuentro, en el que también estuvo el ministro Prada, surgió el tema de la elección de contralor. El pedido del Gobierno fue hacer prevalecer la meritocracia; es decir, escoger entre “los primeros de la lista”. Luego, durante el fin de semana, Petro anunció finalmente los nombres de su gabinete, en el que los partidos tradicionales tuvieron sus cuotas de representación.
Los conservadores se quedaron con el Ministerio de Transporte, en cabeza de Guillermo Reyes, un hombre muy cercano al presidente de la colectividad.
Para el Partido Liberal fue el Ministerio de Justicia, liderado por Néstor Osuna; la cartera de Vivienda, con la ministra Catalina Velasco, y están a la espera de que les concreten la dirección del Fondo Nacional del Ahorro. Por los lados de La U, se quedó con el Ministerio de las TIC, tal como previamente se había acordado.
Si bien no hay unanimidad en las bancadas ante la representación que les otorgaron, poco a poco los anuncios del Gobierno han ido calmando los conatos de rebeldía que se habían formado en las fuerzas políticas.
Con estas movidas en firme, en los últimos días se ha visto mucha actividad en los pasillos del Congreso de la República de parte del candidato Rodríguez. Su nombre empezó a ser bien recibido en las bancadas.
Los conservadores sostuvieron una reunión este martes en la que empezaron a echar para atrás su apoyo a Rangel y están contemplando su respaldo a Rodríguez. Lo mismo sucede en algunos sectores de La U. Muchos reconocen a este candidato como un abogado muy calificado y un experto en control fiscal. Lo único que le reprochan es su cercanía con controvertidos líderes políticos.
El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, le pidió a Rodríguez aclarar si tiene o no relación con el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado a ocho años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.
A estos cuestionamientos se sumó el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien señaló que, según medios de comunicación, “su padrino político ha sido Juan Carlos Martínez, reconocido político sindicado por corrupción y parapolítica”.