El contralor de Bogotá, Julián Ruiz, confirmó que la Contraloría Distrital culminó en los últimos días una auditoría a la Secretaría de Integración Social, luego de las decenas de denuncias por irregularidades en la entidad en la atención a la población vulnerable.

Ruiz explicó, como lo había anticipado SEMANA, que se determinaron hallazgos fiscales por más de 2.366 millones de pesos y anunció que se procederá a dar con los posibles responsables en caso de haber existido detrimento patrimonial.

“La Contraloría de Bogotá, tan solo tres meses después de las quejas ciudadanas, de la población más vulnerable y de algunos concejales, hoy tiene resultados completos y palpables. Los primeros después de una visita fiscal en donde encontramos hallazgos disciplinarios en razón a la falta de planeación en cuanto a los bonos canjeables por alimentos, a la tención de adultos mayores en situación de calle o en riesgo de estarlo y en cuanto a los jardines de población inicial”, dijo Ruiz.

De acuerdo con el jefe del órgano de control, en la Secretaría de Integración Social “no se tuvo en cuenta el horizonte de tiempo de los contratos, su terminación y el plan que debió tenerse desde un inicio para que no se suspendieran los servicios”.

Posteriormente, el contralor distrital especificó que el otro resultado muy importante se ve en materia de comedores de población vulnerable. “Encontramos un hallazgo fiscal de más de 2.300 millones de pesos en relación con el posible pago en mayor cantidad de las raciones alimentarias respecto del costo referencia que tenían las minutas en los convenios correspondientes”, dijo.

El contralor Ruiz reveló que los hallazgos fiscales ahora deben ser trasladados a los operadores de responsabilidad fiscal en la Contraloría, “en donde se deberá determinar si se abre el proceso de responsabilidad fiscal para establecer a ciencia cierta la cuantía del daño patrimonial y quienes deberán responderle a los bogotanos por este presunto detrimento patrimonial”.

Esta es la cruda radiografía al interior de la Secretaría de Integración Social:

SEMANA conoció en exclusiva que el órgano de control determinó un total 21 hallazgos administrativos, de los cuales diez tienen presunta incidencia disciplinaria y seis con incidencia fiscal en cuantía de 2.366 millones de pesos, en lo relacionado con la gestión fiscal de los recursos aplicados en cumplimiento al objeto del servicio social de los comedores comunitarios.

La ex secretaria Xinia Navarro, quien estuvo en la entidad desde el comienzo de la administración de la alcaldesa Claudia López hasta noviembre de 2021; Julián Moreno, quien fue secretario encargado entre noviembre y diciembre de ese mismo año, y la actual secretaria, Margarita Barraquer, quien asumió el cargo en enero de 2022, deberían entregar respuestas ante la Contraloría por los hallazgos encontrados.

En un primer momento, la Contraloría detectó un hallazgo administrativo por debilidades en el seguimiento a la gestión adelantada por la Secretaría de Integración Social, en la identificación de riesgos en la administración de los recursos, que alertaran oportunamente la posibilidad del cierre de servicios por no adelantar los procesos contractuales oportunamente.

Es decir, para la Contraloría la Secretaría de Integración Social pudo evitar el cierre del algunos comedores comunitarios, pero no lo hizo a tiempo, lo que generó, como también lo evidenció el órgano de control distrital, que se presentaran intermitencias e incumplimiento en la entrega de las raciones alimentarias pactadas para los comedores comunitarios.

Irónicamente, mientras en algunos puntos se presentaban incumplimientos en la entrega de raciones alimentarias a población vulnerable, por otro lado, la Secretaría realizó pagos en los contratos de operación de los comedores comunitarios, mediante giros, superiores al valor de las minutas alimentarias establecidas y aprobadas en las estructuras de costos y/o precios de referencia pactadas en los convenios de asociación. Es decir, se pagó mucho más dinero que lo permitido por un valor de 2.284 millones de pesos.

Las irregularidades en pagos efectuados por la Secretaría de Integración Social no paran ahí. La Contraloría estableció que hubo un mayor valor pagado entre el reporte de pagos que se hace al registro financiero MC-14, y los informes de interventoría, frente a lo real a pagar según raciones aprobadas. Este hallazgo supera los 46 millones de pesos.

De otra parte, se pagaron honorarios a un nutricionista por 10.600.000 pesos bajo el concepto de gastos administrativos, pero estos honorarios ya estaban incluidos dentro de la estructura de costos como costos directos a cargo del operador.

Los resultados de la auditoría son claros en evidenciar que en Integración Social pagaron mucha plata de más en varios rubros, pues adicional a los hallazgos anteriores, la Contraloría encontró un historial de pagos a Idipron por 13.499 millones de pesos, cifra incongruente frente a los recursos comprometidos contractualmente según aporte de la Secretaría por valor inicial de 7.160 millones de pesos y adición de 1.537 millones de pesos, para un total de 8.697 millones de pesos.

De otra parte, la Contraloría haló que los informes de interventoría presentan inconsistencias e incongruencia respecto de las cantidades de raciones entregadas y la ejecución financiera, diferencias e inconsistencias de información registrada de entregas de raciones versus valores pagados.

Así mismo, de manera inexplicable, según las bases de datos, los comedores comunitarios prestaron atención a personas que están registradas como muertas, lo que dio origen a un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por un valor de 1.492.414 pesos.

A lo anterior, se suma que en los comedores comunitarios, según la base de datos de la población beneficiaria, hubo atención de personas privadas de la libertad en centro carcelario por un valor de 16.090.272 pesos.

Pero los hallazgos van más allá. Como si fuera poco, la Contraloría evidenció deterioro de instalaciones, elementos de cocina, muebles y una inadecuada disposición de alimentos en los diferentes comedores comunitarios.

Finalmente, se reporta falta de control de los requisitos legales de las entidades sin ánimo de lucro que prestan el servicio de comedores comunitarios.

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Lucía Bastidas y el concejal Juan Baena han estado alertando de los problemas con los planes de la llamada “Bogotá cuidadora” y los hallazgos de la Contraloría les dan la razón.