En la mañana de este lunes 11 de julio, el contralor distrital Julián Ruiz está realizando un recorrido por Sumapaz en Bogotá, para constatar en terreno la situación de esta localidad. Desde temprano, el contralor Ruiz visitó el centro poblado Santa Rosa y en Betania, entre otros puntos.

Precisamente en Sumapaz una de las investigaciones que adelanta la Contraloría de Bogotá tiene que ver con un contrato por 17.300 millones de pesos que fue suscrito en el año 2019 para recuperar la malla vial y cuyas obras registran graves inconvenientes.

Frente a este tema de la malla vial, precisamente a principios de año, la Personería de Bogotá profirió Auto de apertura de investigación disciplinaria en contra del alcalde local de Sumapaz (e), Germán Humberto Medellín Mora, por presuntas irregularidades relacionadas con los contratos de obra pública 094 de 2019 y 283 de 2020.

El Ministerio Público Distrital, a través de la Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria II, investiga una posible violación al principio de planeación por cuanto se habrían comprometido los recursos de la localidad sin que se tuvieran definidas las necesidades de la malla vial.

“La investigación inició con base en el informe presentado por la Personería local de Sumapaz donde se relacionan presuntas irregularidades por falta de planeación en la celebración de dos contratos”, dijo Silvia Juliana Arciniegas, delegada para la Potestad Disciplinaria, en su momento.

Este ente de control investiga la suscripción de una adición al contrato 094 de 2019 por valor de 5.972 millones de pesos, aparentemente, sin una justificación técnica y financiera, y la posible demora en el inicio de la ejecución del contrato 283 de 2020, el cual se suscribió en diciembre de 2020, no obstante, el acta de inicio tendría lugar hasta el mes de junio de 2021.

“La investigación disciplinaria tendrá como objeto verificar si en efecto se incurrió en desconocimiento del principio de planeación al adicionarse al contrato 094 de 2019 más de cinco mil millones de pesos el cual había sido inicialmente suscrito por un valor superior a los 11.000 millones”, puntualizó la funcionaria.

Detrimento con los kits en pandemia

La Contraloría Distrital dio apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de 15 alcaldes locales de Bogotá por irregularidades en el contrato que los Fondos de Desarrollo Local firmaron con la Cruz Roja Seccional Bogotá-Cundinamarca para entregar kits de alimentación y aseo a las familias más pobres de la ciudad durante el inicio de la pandemia de la covid-19.

La Contraloría encontró que del total de 447.716 kits de alimentación y aseo entregados, 46.250 registros de entregas presentan inconsistencias.

La primera de ellas, según lo constató la Contraloría, es el hecho que existen números de cédulas que se encuentran registrados como beneficiarios en varias localidades, a tal punto que varias personas recibieron kits hasta en cinco oportunidades.

Un total 7.066 personas recibieron dos veces el kit alimentario y de aseo, siendo Ciudad Bolívar con 1.627 casos, Usme con 1.076 y Kennedy con 967, las localidades con personas duplicadas en los registros.

En total, son 15 las localidades en las que se entregaron kits por duplicado. Dentro de este listado está incluso Sumapaz, que es una localidad netamente rural. Usme, por su parte, fue la localidad en la que se llegó a entregar el kit en cinco ocasiones a cuatro personas diferentes.

De otro lado, tras consultar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría evidenció que del total de 447.716 números de identificación, 403.271 fueron válidos y 44.445 presentaron inconsistencias. Siendo Kennedy y Ciudad Bolívar las ciudades con más irregularidades.

De las inconsistencias, 9.786 fueron por cédulas canceladas, 18.389 fueron por personas que no se encontraron en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y 16.270 por inconsistencias en los nombres.

En relación con 18.389 números de identificación que no fueron encontrados en el ANI, se remitió oficio a Migración Colombia con el fin de que verificara si esos números correspondían a personas extranjeras. Se identificaron 5.862 coincidencias, lo que significa que 12.527 registros no forman parte ni del ANI ni de Migración Colombia.

Ahora, al restar las personas que sí fueron identificadas por Migración Colombia, pero sumando las personas que reclamaron hasta cinco veces el kit, la Contraloría halló inconsistencias en 46.520 registros.

Del total de las inconsistencias, 9.786 fueron por cédulas canceladas y la Contraloría encontró que 9.366 era por fallecimiento antes de la fecha en que se recibieron los kits. Esto quiere decir que insólitamente se entregaron 9.366 kits a personas muertas por un total de 1.082 millones de pesos.

Esa cifra, según la Contraloría, se constituye como detrimento patrimonial, “pues sin lugar a duda alguna era imposible que los difuntos fueran beneficiarios del programa que abanderó el gobierno distrital”.

Los alcaldes locales a los que se les abrió proceso de responsabilidad fiscal fueron los de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Engativá, Usme, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Suba, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.