La Contraloría General aseguró que ha abierto procesos de responsabilidad fiscal por un monto aproximado de $6 billones de pesos en el último año. Este alarmante dato refleja la persistente problemática en la gestión de los recursos públicos y su consecuencia directa para aquellos responsables de garantizar su correcta ejecución, asegura.
Según Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor general, durante este año se han iniciado procesos de responsabilidad fiscal por $254 mil millones relacionados con temas de regalías. Además, advirtió sobre los recursos de OCAD Paz.
“En los temas de regalías, en este año de gestión hemos aperturado procesos de responsabilidad fiscal por $254 mil millones. Y hemos cerrado las auditorías del primer semestre con hallazgos fiscales que suman $222 mil millones, de los cuales $100 mil millones corresponden a recursos de OCAD Paz”, aseguró Zuluaga durante el foro ‘La Protección al Patrimonio Público a través del Contrato Fiscal y del Contrato de Seguro’, convocado por el organismo de control en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Contraloría General de la República.
El vicecontralor destacó también un significativo aumento en la recaudación de recursos durante el último año, alcanzando los $422 mil millones, incluyendo fondos provenientes de aseguradoras. Esta cifra representa casi el doble de lo recaudado en los cuatro años anteriores, lo que proporciona al Gobierno recursos adicionales para proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Dijo que esos $422 mil millones están hoy en el Tesoro Nacional.
Carlos Mario Zuluaga resaltó la labor de la Contraloría en la reducción de proyectos inconclusos y críticos en el país, disminuyendo la cifra de $15 billones a $14.3 billones. Esta labor se ha logrado, afirmó, mediante la resolución de controversias contractuales y la recuperación de obras en criticidad, lo que contribuye al desarrollo del país.
Demandas contra el Estado
Por otro lado, durante el foro, la directora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, informó que actualmente existen 362.600 procesos activos de demandas contra el Estado, con pretensiones por un total de $606 billones. En cuanto a demandas por controversias contractuales, se han registrado 2.050 procesos activos, con pretensiones por $20 billones.
“Vulnerabilidad” del sector de Infraestructura
Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, subrayó la creciente vulnerabilidad en la provisión de bienes y servicios del Estado, especialmente en el sector de infraestructura. Ejemplificó la importancia de asegurar adecuadamente proyectos de largo plazo, señalando casos recientes donde la falta de cobertura de pólizas afectó la continuidad de servicios esenciales.
“Por la infraestructura que tenemos, por su dispersión y por su extensión, y también por las competencias que tiene en su administración, no cuenta con las coberturas suficientes para garantizar el restablecimiento oportuno de los servicios que se afectan cuando ella se ve impactada por diferentes sectores”, indició.
Citó un ejemplo reciente: el puente de Los Grillos, un contrato que tenía pólizas, que cumplió sus ciclos de póliza de estabilidad, de obra y garantía, y que al momento de su siniestro no estaba asegurada (no tenía cobertura). “Eso nos empieza a reflejar una debilidad en la forma como la infraestructura del Estado se está gestionando”, dijo.
Para el ministro de Transporte, “un puente es una estructura que se construye para 20, 50, 100 años, y las coberturas de las pólizas deberían estar construidas con esa misma longevidad”. Camargo dijo también que “muchas entidades territoriales contratan las pólizas, pero no hay un seguimiento riguroso de cómo están asociadas estas pólizas a los activos que administran”.