Luego de estudiar y revisar el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno nacional, la Contraloría General de la República hizo varias observaciones en materia macroeconómica y fiscal.
En primer lugar, la entidad indicó que, a diferencia de los planes de desarrollo presentado por administraciones anteriores, este no está formulado a partir de sectores, sino por temas transversales que buscan cumplir con el objetivo de la transición a la Paz total. Ese punto de partida funcionó para que la Contraloría estudiara a profundidad el proyecto.
Adicionalmente, encontraron que el plan está constituido sobre cinco ejes de transformación, los cuales contienen otros ejes que cuentan con un conjunto de catalizadores para estimular el logro de las metas propuestas.
Entrando en materia fiscal, la Contraloría indicó que el proyecto prevé una senda de crecimiento moderada, por debajo del 4% hasta 2026; en la cual sobresalen los sectores agrícolas, manufacturero y de servicios, restándole importancia al sector minero en la estrategia de transformación productiva. A su vez, la inversión de consumo interno está proyectada para llevarla al 24.6% del PIB cuando culmine la presidencia de Gustavo Petro. Este ítem está centrada en los sectores de vivienda e infraestructura.
“Se le da importancia nuevamente a la planificación gubernamental dentro de un modelo de intervención en la economía de corte keynesiano”, señala la entidad sobre el sistema que consideran aplicará el Gobierno. Sin embargo, la Contraloría señaló que las perspectivas de crecimiento para los próximos años traerá retos importantes en el marco de la transición energética y la estrategia de transformación productiva, por lo que se necesitan cambios estructurales en la economía , tanto a mediano como a largo plazo, para dejar de depender de la industria petrolera.}
“La CGR resalta que los procesos de transformación productiva o cambio estructural y sus impactos en el mercado laboral no se cristalizan en periodos de tiempo cortos, como los 4 años del Plan Nacional de Desarrollo, sino que implican políticas sostenidas de industrialización y apoyo a otros sectores estratégicos, las cuales requieren una o más décadas para lograr resultados consolidados”, puntualizó la entidad.
En ese orden de ideas, la Contraloría apuntó que el plan está más orientado a conformar la institucionalidad como base para lograr la transformación productiva y la reindustrialización en el tiempo. Con respecto a este punto, se advirtió que se necesita un apoyo vigoroso de inversión pública en investigación y desarrollo (I + D). Aunque la meta sea elevar la inversión del 0.24% del PIB del 2020 al 0.5% para el 2026, la CGR señaló que, aunque es un crecimiento considerable, sigue siendo insuficiente para apoyar los procesos de transformación y reindustrialización.
La tercera observación de la entidad va ligada a la reducción de pobreza y avanzar en equidad. La Contraloría señala que las metas que plantea el Plan de Desarrollo son moderados, por lo que para lograr avances entre 2023 y 2026, se necesita mayor gasto social en programas como renta básica focalizada hacía la población en condición de pobreza o en proyectos encaminados a la reducción de desigualdad del ingreso y riqueza. Sumado a ello, indica que la estrategia también debe estar dirigida en el impacto de la reforma tributaria y agraria. Se considera que, si se toman en cuenta estos puntos, los objetivos se lograrán en mejor medida.
“Aunque en las bases del plan se señala que se cumplirá con las exigencias de la regla fiscal, es decir con las metas de deuda y déficit primario del GNC, la CGR tiene la preocupación de cómo las políticas fiscales y monetarias de otros países, y la volatilidad de los flujos de capitales internacionales, afectan las finanzas públicas de Colombia”, expuso la Contraloría sobre la necesidad de buscar alternativas para proteger las finanzas nacionales de las consecuencias externas. No obstante, es un punto que no está contemplado en el proyecto, a pesar de la importancia que tiene.
Otra observación de la CGR es la advertencia que hace frente al riesgo que conllevará el aumento de la deuda neta del sector público, la cual estará de la mano con la tasa de interés real. El proyecto propone supone una tasa de interés del 2.0% anual; pero la entidad señala que esta cifra en realidad puede elevarse a niveles que oscilan entre 3.0% y 4.0%. Es por ello que la deuda que contempla el Gobierno para 2026 está por debajo del panorama que prevé la Contraloría. “En estos casos, la deuda para el 2026 fluctuaría entre el 58,1% y el 60,6% del PIB, casi 4,0 puntos porcentuales del PIB por encima de la proyección del PND y el Plan Financiero 2023″, apuntó.
Por último, la Contraloría considera que la propuesta del Plan de Desarrollo es válida en el sentido que se piense en proyectos estratégicos con un impacto regional y contemplando obras encaminadas a lograr las transformaciones idealizadas. Sin embargo, apunta que al interior del país hay temas importantes que competen a los departamentos y municipios, como lo son la autonomía de los territorios y el proceso de descentralización; pero que no están contemplados en gran medida en el proyecto de ley.