En las últimas horas se conoció un grave informe realizado por la Contraloría General de la Nación sobre presuntas irregularidades relacionadas con corrupción que se estaría presentando en por los menos 18 Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que dejarían en evidencia el mal manejo que se le estaría dando a los recursos públicos.
El documento reveló que más de nueve billones de pesos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos se han desviado en actividades, bienes y servicios que no tienen nada que ver con la atención del servicio de salud a los pacientes. La situación es más grave debido a que esto se habría presentado durante los años 2020 y 2021, época en la que la pandemia del coronavirus desató una gran crisis en la salud.
El informe generó todo un revuelo que incluso la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para esclarecer la presunta corrupción que se habría presentado con los recursos públicos y poder llevar ante la justicia a las personas que estén involucradas en este escándalo. La decisión del ente investigador se dio como una respuesta al documento y la investigación que se está adelantando.
La aclaración de la Contraloría
Ante la polémica que se ha desatado, la Contraloría emitió un nuevo comunicado este lunes, 8 de abril, para aclarar que lo que se ha publicado hasta el momento corresponde a un informe preliminar, el cual se encuentra en etapa de traslado de observaciones a las distintas EPS involucradas, para que estas puedan responder a los cuestionamientos y observaciones que allí se hacen.
La entidad indicó que una vez se concluya esta etapa de revisión, el siguiente paso será proceder al cierre y publicación del respectivo informe, tal y como lo ordenan las guías que rigen en la Contraloría. Tras esto, se empezarán a tomar las medidas correspondientes, ya sean procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otra decisión.
“En los casos en que existan los presupuestos para formular hallazgos fiscales por presunto detrimento patrimonial se realizaran los análisis jurídicos necesarios para abrir los procesos de responsabilidad fiscal como lo prevé la ley”, finalizó la Contraloría.
Algunos de los hallazgos
Entre los hallazgos más escandalosos que reportó la Contraloría en este informe fue el de la EPS Famisanar por casi 500 mil millones de pesos, que fueron destinados a arrendamiento, cancelación de crédito, duplicado de carnet y giro directo, entre otros conceptos.
Sobre la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno la semana pasada, el ente de control reportó posibles irregularidades por más de un billón de pesos en impuestos, giro directo y otras deudas.
Otra de las intervenidas por la Superintendencia de Salud en los últimos días fue la EPS Sanitas, en la cual, según la Contraloría, los hallazgos fiscales reportaron más de un billón 600 mil millones de pesos por conceptos de asesorías, comisiones financieras, deudores varios, mejoras en propiedad ajena y pérdidas en activos financieros.
En las otras 15 EPS registradas en este informe también aparecen otros conceptos como futura suscripción de acciones, gastos de representación, dividendos y participantes, deterioro de inversiones, litigios y demandas, registros mercantiles, entre otras actividades.