La Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz, específicamente en nueve municipios de La Guajira y Cesar.

De acuerdo con la entidad, se evidenció un cartel de proyectos de paneles solares que están siendo financiados con los recursos de regalías en estos municipios, provenientes de los Acuerdos de Paz, en que al menos el 33 % de los municipios no ha recibido recursos desde 2017.

Según los datos de la Contraloría, ocho de los nueve proyectos a los que se les hizo auditoría tienen el mismo modus operandi, es decir, que por medio de contratos de obra, se cobra un AIU del 30 % cuando en realidad los productos utilizados en los proyectos no superan ni el 90 % del valor presupuestado.

Además, se hallaron sobrecostos en el valor de dichos paneles, así como una planeación porque no se garantizó la operación y sostenibilidad de los proyectos.

La Contraloría también reveló un dato grave y es que los ocho proyectos con irregularidades, así como los estudios para la construcción, fueron realizados por una misma persona que figura con un título de donación y sin un vínculo contractual con las administraciones que hicieron la auditoría.

Esto pone en evidencia la llamada figura malla contractual en la que se ve un mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios, camuflada en llamadas uniones temporales.

Los municipios afectados por los proyectos son Dibuilla, Fonseca, Urumita, en el departamento de la Guajira y La Paz, Pueblo Bello, Codazzi y Becerril, en el Cesar.

Los hallazgos de la Contraloría surgen de una actuación especial en la que se identificaron 12 hallazgos fiscales por un valor de 67.230 millones de pesos de los cuales nueve son del sector de minas y energías, es decir, los de los polémicos paneles solares y tres más del sector transporte.

Las actuaciones especiales se vienen realizando por la entidad a los proyectos que están siendo financiados por el Sistema General de Regalías que fueron aprobados por el Ocad Paz en los municipios PDET para los sectores de infraestructura vial, minas y energía, saneamiento básico y educación, entre otros.

“Precisamente, la Unidad de Regalías y la Contraloría Delegada para el Postconflicto crearon, junto con la Dirección de Información, Análisis, y Reacción Inmediata (DIARI), un tablero de control que ubica en tiempo real todas las iniciativas, para hacer un seguimiento permanente al recurso de los proyectos aprobados por OCAD PAZ y los que están pendientes por aprobar, en una estrategia que busca prevenir el daño fiscal, como ha sido la directriz del contralor Felipe Córdoba”, explica la entidad.

Además, la entidad informó que se están desarrollando otras estrategias de fiscalización en los departamentos que reciben recursos aprobados por el órgano Colegiado de Administración y Decisión, de donde un alto porcentaje está destinado a proyectos de minería.

En este sentido, se evaluaron 36 proyectos aprobados y que se encuentran en fases de contratación, ejecución y terminación por valores cercanos a los 350.000 millones de pesos.

En estas auditorías se encuentra que hay hallazgos fiscales en algunos proyectos del departamento de Arauca por una suma de 10.052 millones de pesos.

Finalmente, la entidad reveló que del 100 % de los municipios que hacen parte de PDET, el 33 % no recibe los recursos de regalías provenientes de los Acuerdos de Paz desde 2017.

Igualmente, hay proyectos que si bien fueron aprobados, no tuvieron la debida verificación de los requisitos que son indispensables para su ejecución y que están establecidos en el Concepto Único Sectorial de la Ley 2056 de 2020.