Empresas privadas han sido descubiertas difundiendo información errónea a través de las redes sociales, en relación con la realización de un concurso de méritos para cargos de carrera administrativa en la Contraloría General de la República (CGR). De acuerdo con el órgano de control, una de esas empresas tiene la intención de atraer a personas interesadas ofreciéndoles cursos de capacitación que, supuestamente, los prepararían para este concurso inexistente.
Por eso, la Contraloría General hizo un llamado a la ciudadanía en general para que no se deje engañar por la información difundida por el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL) en sus cuentas de redes sociales bajo las etiquetas #ExperienciasCESJUL en TikTok como @cesjul_ y YouTube, como CESJUL. Esta entidad ha estado promocionando de manera engañosa una supuesta convocatoria a un concurso de méritos en la CGR que en realidad no existe, al mismo tiempo que invitan a participar en cursos de capacitación.
La Gerencia de Talento Humano de la Contraloría salió al paso para aclarar que, hasta la fecha, no se ha iniciado ningún proceso de concurso de méritos para la provisión de cargos en la CGR. De igual manera, han recordado que, en el eventual caso de que se inicie dicho proceso, la entidad está obligada a seguir un protocolo riguroso para la divulgación de la información.
Este protocolo incluye la publicación en la página web oficial de la Contraloría, en la sección de transparencia y acceso a la información, así como el uso de comunicados de prensa y cuentas oficiales en redes sociales.
Para la Contraloría, es fundamental que los ciudadanos estén alerta y eviten caer en este tipo de trampas que buscan aprovecharse de la buena fe de las personas. Precisamente, la entidad había emitido una advertencia a la opinión pública sobre una serie de casos alarmantes de suplantación que involucran a contralores delegados, directivos y funcionarios del organismo. Mediante falsas cuentas de WhatsApp, estafadores están recurriendo a tácticas engañosas para solicitar dinero, pasajes aéreos, reuniones en locales comerciales y otras peticiones irregulares.
Los delincuentes están utilizando imágenes y nombres de funcionarios reales de la Contraloría General de la República para llevar a cabo sus estafas. Esta falsa identificación les permite ganarse la confianza de personas sujetas al control fiscal, que pueden ser engañadas y llevar a cabo acciones perjudiciales bajo la creencia errónea de estar interactuando con representantes legítimos de la entidad.
Es importante volver a destacar que la Contraloría General realiza todas sus comunicaciones y notificaciones a través de canales oficiales, como el correo electrónico de la entidad. En ningún caso se llevan a cabo solicitudes de ninguna índole a través de chats de WhatsApp y mucho menos pide transacciones de dinero ni la compra de tiquetes aéreos a nombre de terceros.
La preocupante situación, según la Contraloría, ha sido puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes, quienes están tomando medidas para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y desarticular a los responsables de estos actos delictivos.
ICBF alerta por suplantación de funcionarios
Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó a la ciudadanía que los procesos de contratación con la entidad no se llevan a cabo mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajería WhatsApp, porque todos los bienes y servicios que adquiere la entidad se realizan mediante la plataforma SECOP II y la tienda virtual de Estado, y ninguna persona natural está autorizada para adelantar procesos a nombre de la entidad.
Ello debido a que personas inescrupulosas han suplantado a funcionarios del ICBF, contactando a comerciantes de todas las regiones del país, haciéndoles creer que están incluidos en procesos para la adquisición de insumos, elementos y enseres, llevándolos a la entrega de bienes o dinero a los falsos compradores.
Por su parte, la directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, manifestó en Blu Radio: “le pedimos a la comunidad que verifique nuestras compras, que siempre son a través de SECOP, son invitaciones abiertas dentro del marco legal y nunca se hará una compra de ese tipo, entonces es mejor desconfiar de todo ese tipo de invitaciones tan personalizadas”.
“Lo que pasó en Valledupar, por ejemplo, donde citan a la comunidad a una supuesta entrega de bienestarina y para la entrega les piden datos personales y fotocopia de la cédula; pareciera que es parte de ese manejo electoral para captar información”, agregó la directora Cáceres.
La información e inquietudes sobre cualquier proceso de contratación, indicó el Instituto, serán resueltas única y exclusivamente a través de los canales oficiales dispuestos por la entidad.
Asimismo, hay que aclarar que las conductas de estafa, falsedad personal, simulación de investidura o cargo se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Colombiano con penas privativas de la libertad que van desde los 2 hasta los 8 años de prisión.
Desde la entidad, informaron, se seguirán presentando las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y se adelantarán mesas técnicas con dicha entidad a fin de lograr una mayor eficacia en la investigación de estos delitos.