La Contraloría General emitió una alerta al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y al jefe de control interno de la misma entidad, debido a la posible pérdida de $ 291.497 millones destinados para la construcción y equipamiento del Establecimiento de Reclusión Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena. Este proyecto tiene como objetivo la implementación de 1.974 nuevos cupos para la población privada de libertad.
La suma mencionada corresponde a dos contratos: uno de obra por $ 275.401 millones y otro de interventoría por $ 16.096 millones.
Según la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, el contrato de obra se suscribió sin contar previamente con los estudios y diseños necesarios de factibilidad de la acometida y expansión de la red externa eléctrica para el proyecto. Además, no se realizó un estudio previo que permitiera la estructuración de las comunicaciones, su funcionalidad y operación.
Inicialmente, se acordó la suspensión del contrato de obra por un período de 45 días debido a la ola invernal y a algunas preocupaciones de seguridad. Sin embargo, dicha suspensión se ha prolongado, indicó la entidad. El 20 de diciembre de 2022, la obra fue suspendida y hasta la fecha de presentación del informe de la Contraloría que ha generado esta alerta, no se ha logrado reiniciar la construcción.
De acuerdo con la Contraloría, la prolongada suspensión de la obra, que ha superado los 5 meses, “genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento”.
La Contraloría considera que existe una alta probabilidad de que la Uspec se enfrente a situaciones judiciales debido a las acciones que puedan iniciar el contratista y la interventoría, como resultado de la extensa suspensión del contrato y los daños ocasionados.
Entre los riesgos identificados por la Contraloría General se encuentran:
- Debilidades en la etapa de planificación debido a la falta de estudios y diseños necesarios.
- Posible incumplimiento del plazo establecido en el contrato de obra para la ejecución, terminación y entrega del establecimiento penitenciario.
- Falta de implementación de los 1.974 nuevos cupos para la población privada de la libertad debido a la falta de acciones efectivas y soluciones para el desarrollo del proyecto.
- Probable necesidad de invertir más recursos de los inicialmente estimados para completar la obra y ponerla en funcionamiento debido al deterioro de los equipos y la obra misma, producto de la suspensión del contrato por más de 5 meses.
- Incumplimiento de lo establecido en el Documento CONPES 3871 del 3 de noviembre de 2016, en cuanto a la creación de nuevos cupos y fortalecimiento de la infraestructura carcelaria con el fin de proporcionar condiciones dignas a la población privada de la libertad y descongestionar las cárceles.
- Posibles disputas legales para la USPEC debido a los presuntos perjuicios causados al contratista y la interventoría como consecuencia de la suspensión del contrato, situaciones que han sido comunicadas a la Unidad.
Ante las situaciones y riesgos descritos, el contralor delegado para el Sector Justicia, Andrés Castro Franco, alertó a la Oficina de Control Interno y, a través de ella, Uspec, con el fin de que se enfoquen en el ejercicio de sus funciones para garantizar la salvaguarda de los recursos públicos, evitar impactos negativos en la comunidad beneficiaria (en este caso, la población privada de la libertad) y reducir el alto riesgo de que las obras contempladas en el contrato de obra No. 304 de 2019 no sean llevadas a cabo, aumentando los costos previstos inicialmente o resultando en la pérdida de los recursos destinados.