Casi 11 meses después de la misteriosa desaparición de una millonaria suma de dinero de las cuentas de la Alcaldía del municipio de Purificación, en Tolima, y atendiendo a la denuncia presentada por el senador Ariel Ávila, la Contraloría General de la República anunció que asume el conocimiento del presunto hurto de 10.987 millones de pesos a través de medios cibernéticos por considerar que es un suceso de impacto nacional.
En sus redes sociales, el senador Ávila manifestó en un video: “Esto parece una historia del realismo mágico de Macondo, como una novela; pero no, es la vida real y es Colombia. Purificación es un municipio del departamento del Tolima de categoría 6, es decir, de los más pobres. Cómo les parece que entre el 24 y el 27 de diciembre del año pasado se perdieron 11.000 millones de pesos de las cuentas bancarias de la Alcaldía y nadie dijo nada”.
Muchas son las preguntas sin resolver sobre este caso que habría ocurrido entre la noche del 24 de diciembre y el día 27 del mismo mes en el año 2021, del que se conoció algunos días después cuando el alcalde de la población, Cristian Andrés Barragán Correcha, denunció que había desaparecido esa enorme cantidad de dinero de las cuentas de la administración municipal por la comisión de un supuesto robo cibernético, por lo que se trasladó la denuncia a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación.
“Fuimos víctimas, como cualquier otra empresa, de hurtos y hackeos cibernéticos. Esperamos tener resultados en los próximos días. Confiamos en nuestras instituciones para poder llegar hasta el fondo de este asunto” puntualizó el mandatario.
Se busca determinar las posibles responsabilidades de la administración en este asunto, porque durante esos días el dinero terminó transferido desde las cuentas de Bancolombia que tenía la Alcaldía de Purificación a otras 93 de carácter particular que fueron abiertas en diferentes lugares de Colombia.
Además, se estudian las presuntas implicaciones que tendría el tesorero de Purificación, Isaías González, algunos funcionarios de la entidad financiera o el propio mandatario por la falta de cuidado sobre el presupuesto de la población y el manejo que se le dio a las claves dinámicas para poder realizar tal cantidad de transferencias virtuales.
Hasta ahora se conocen únicamente los pronunciamientos del alcalde Barragán acerca del tema: “Esperamos que esto no se preste para especulaciones, como ya lo han venido haciendo. La Fiscalía nos solicitó ser muy prudentes con la información. Queremos que los responsables paguen y todo esto se esclarezca de la mejor manera”.
En el departamento del Tolima también ha sido muy sonado en los últimos días el caso por la imputación de la Fiscalía al alcalde del municipio de Líbano, Jesús Antonio Giraldo Vega, quien al parecer alteró el proceso de embargo y posterior remate de un predio localizado en la cabecera municipal, del cual era propietario el Club de Tejo Tayrona.
La investigación indica que el 16 de septiembre del año 2013 se alcanzó un acuerdo entre Giraldo Vega, quien también era alcalde en ese entonces, el exasesor jurídico de la administración, Jaime Berján Rodríguez y Jairo Arango Castaño, que era el representante legal del club para detener el proceso para que el mandatario pudiera después adquirir el predio a un valor bajo.
Sobre este lote se adelantaba un proceso coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio por un dinero pendiente de pago, el cual fue finalmente archivado para que después se procediera con la renovación de la personería jurídica del Club de Tejo Tayrona. Luego su presidente vendió el terreno por 108 millones de pesos y en las escrituras como nuevos propietarios aparecieron el asesor jurídico de la administración municipal y dos hijas del alcalde de Líbano, Tolima.
Este mismo año el mandatario de Líbano resultó involucrado en los hallazgos que hizo la Contraloría del Tolima según los cuales se habla de un presunto daño patrimonial por más de 171 millones de pesos, porque no se realizaron de manera oportuna los cobros de los impuestos predial y de industria y comercio, durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.