En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido para el contralor Edgardo Maya la sede del ente fiscal para el 2015. Están buscando renegociar el contrato en Gran Estación II, sin tener ninguna respuesta definitiva por parte de los propietarios, mientras que buscan una nueva sede propia de la entidad. “El Ministerio de Hacienda tiene 30.000 millones para el tema de arriendo del próximo año y 80.000 millones para la primera fase de la compra de una nueva sede. Sí no hay sede, la Contraloría, cierra el primero de enero del 2015”, indicó Maya. La polémica surge porque hace unos meses la Fiscalía le imputó cargos a la entonces contralora, Sandra Morelli, por supuestas irregularidades en el momento de suscribir un contrato de arrendamiento por 2.700 millones de pesos para la nueva sede de la entidad en el centro comercial Gran Estación II. Ese proceso, a la postre, produjo la salida del país de la exfuncionaria porque, según ella, no tenía garantías judiciales. Luego se supo, por parte de la Fiscalía, que ese edificio tendría más de un problema. La edificación está bajo la lupa del ente investigador porque, presuntamente, algunos extraditados por lavado de activos participaron en su construcción. Ante esto, hace unos meses el fiscal general, Eduardo Montealegre, encendió las alarmas y advirtió al Ministerio de Hacienda y al recién contralor, Edgardo Maya, los riesgos a los que se exponía la entidad de control si prorrogaba el contrato de arrendamiento. Todo por la investigación que podría derivar en una medida de extinción de dominio, embargo o secuestro. Semana.com reveló hace unos meses la respuesta enviada por el contralor Edgardo Maya a la Fiscalía. En ella indica que su entidad se encuentra en una situación “extraordinaria” puesto que a partir del próximo año, en caso de no renovarse el contrato, no se tendría una sede para los 2.500 funcionarios que actualmente laboran en el organismo. “Por mi despacho se han dado instrucciones para la planeación contractual para adquirir de manera temporal o definitiva un inmueble para la sede. Estas acciones se deben concretar en el tiempo que sea necesario, tanto en lo legal como en lo técnico y financiero, pero sin afectar el normal funcionamiento de la Contraloría, por lo que estos procesos no podrán culminar antes del 31 de diciembre próximo”, indica la misiva. Respecto de los futuros procesos que pueda emprender la Fiscalía contra los propietarios del inmueble, Maya solicita que “se garantice la continuidad del servicio de la Contraloría, bien sea desde la suspensión de las cláusulas que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía o bien de otros procesos que estén en curso contra el inmueble”, indica textualmente la carta. El contralor es contundente en exponer a la Fiscalía que no le queda más remedio que prorrogar el polémico contrato. “El contrato de arrendamiento se está ejecutando por lo que, de todas formas, se hace necesario permanecer en esta sede mientras se adelantan otras acciones para buscar un nuevo inmueble, sin incurrir en otros gastos adicionales”. Semana.com conoció que la Fiscalía prepara una respuesta a la carta del contralor donde explica el estado de las investigaciones en curso por supuestas irregularidades en la construcción del inmueble. Así mismo, según fuentes de la entidad, le advertirá las consecuencias jurídicas de prorrogar el contrato de arrendamiento un año más. El asunto no es de poca monta puesto que en tan poco tiempo el nuevo contralor no podrá resolver el tema de un nuevo inmueble para su entidad. Pero la Fiscalía está en la obligación de advertir sobre los riesgos de que el ente de control continúe en esa sede.