Una de las críticas que desde Bogotá se le hace a las regiones, especialmente al Caribe, es que por allá no pegó la Ley 80, para criticar la forma como en muchos pueblos, ciudades y departamentos los contratos oficiales se hacen a dedo, entre amigos y sin ninguna licitación ni concurso. Sin embargo, parece que en la Administración de la capital esta norma tampoco pegó, al menos en los últimos años.Eso se concluye de una profunda investigación que la Contraloría Distrital está adelantando sobre todos los contratos realizados por entidades que integran la Administración, como secretarías, institutos y hospitales, entre 2012 y 2015Tras revisar 527.242 contratos, el organismo de control determinó que el 96 por ciento, es decir, 505.246, se hicieron directamente, y solo 3.011 por licitación pública. O sea, que la excepción se ha convertido en la norma. En plata blanca, esto quiere decir que de los 30 billones de pesos que se contrataron entre 2012 y 2015, las entidades asignaron a dedo o de forma directa cerca de 21,9 billones de pesos de impuestos de los bogotanos, mientras que en solo 5,7 billones de pesos cumplieron el requisito de realizar licitaciones y concursos. Ejecutaron los restantes 2,7 billones, es decir, 18.985 contratos, a través de otras modalidades, como convenios o acuerdos con universidades, corporaciones y cajas de compensación familiar, entre otras, lo que no significa que en estos últimos no se presenten adjudicaciones directas. Dentro de esta información preocupa que más del 60 por ciento de los contratos de este periodo sirvieron para vincular personas.“La contratación directa, así como la mayor concentración en personas o empresas, son el caldo de cultivo perfecto para poner en riesgo los recursos públicos del Distrito, además de encubar la corrupción. Y es más preocupante aún que estas condiciones estén muy afianzadas en el sector salud, donde cada peso perdido es un crimen contra los miles de usuarios”, advierte Juan Carlos Granados, contralor de Bogotá.Esto porque dentro de la investigación encontró que en el periodo comprendido entre 2012 y 2015, de cada 100 pesos contratados por los hospitales y entidades de salud, 93,9 lo fueron de forma directa y tan solo 2,40 por licitación pública. Además, descubrió que 40 personas o empresas concentran el 26 por ciento de los recursos destinados para salud, 1,1 billones de pesos.Estos datos son más que preocupantes. En 2012, SEMANA denunció cómo el cartel de la contratación se había apoderado de la salud, especialmente de los hospitales, para robarse multimillonarios recursos en la compra de medicamentos, insumos o tecnología. Esto, sin contar que eran un fortín burocrático de varios concejales.En ese informe la revista denunció que Drogas Boyacá, perteneciente a Rafael Antonio Salamanca, era uno de los grandes contratistas de la salud y que tendría alguna relación con el cartel de la contratación.Pese a esto, según la Contraloría, entre 2012 y 2015 Drogas Boyacá fue el que más contratos tuvo en la capital, con 631, por 51.000 millones de pesos. En promedio, cada 36 horas firmó un contrato, en su mayoría en diez hospitales de la capital, como el Simón Bolívar, Kennedy, El Tunal, La Victoria, Pablo VI-Bosa, San Cristóbal, Meissen, Engativá y Santa Clara. Solo ganó en licitación pública el 8 por ciento de esos contratos.
Los investigadores de la Contraloría encontraron que en algunos hubo adiciones que superaron el 300 por ciento, una cifra alta si se sabe que la ley solo permite hacerlo hasta por el 50 por ciento del valor inicial.“Queremos precisar que, opuesto a lo que dice la Contraloría, todos los contratos nos los ganamos en licitaciones y concursos, y no de forma directa y que nunca hemos tenido relación ni vinculación con mafias de la contratación. Por el contrario, al ser el distribuidor exclusivo de importantes multinacionales farmacéuticas, debemos cumplir altísimas condiciones que incluso están regidas por leyes europeas o de Estados Unidos. Además, las adiciones se dan porque cada hospital tiene su propio manual de contratación”, afirmó Rafael Salamanca, representante legal de Depósito de Drogas Boyacá.Precisamente, el suministro de medicamentos se ha convertido en un complejo y fraccionado sistema por el que se estarían dilapidando grandes sumas que pueden favorecer la corrupción.Esa modalidad de adquirir bienes y servicios directamente fue más fuerte aún en 2015. Las entidades del Distrito suscribieron 114.045 contratos por 8,2 billones de pesos, pero solo manejaron el 4 por ciento de esos recursos mediante licitación pública. La Secretaría de Educación fue la que más plata entregó por contratos, con 1,06 billones, mientras que la Secretaría de Integración Social tuvo el mayor número de contratos, con 9.836 por valor de 435.000 millones.“Es claro que la diversidad de contratos y convocatorias demuestran que no hay una previsión de los suministros que se requieren a largo plazo en diferentes sectores y entidades del Distrito, especialmente en salud, lo que no permite obtener las ventajas de una economía de escala o reducciones considerables cuando se someten a licitaciones o concursos abiertos y transparentes entre grandes oferentes”, dijo el contralor Granados.Además de determinar lo que está ocurriendo con la contratación y por qué se concentran en algunas empresas, personas o mallas empresariales, la entidad comenzará a determinar presuntos detrimentos patrimoniales que se pudieron ocasionar, e individualizar a los responsables. Lo importante es que la Administración tome nota de lo que ha pasado en los últimos años y cambie la forma de contratar, para que así puedan decir sin temores que la Ley 80 sí pegó en Bogotá.