La Contraloría de Bogotá inició este viernes una visita fiscal a la Secretaría de Integración Social, a fin de establecer lo que viene sucediendo con los servicios y la atención a las personas vulnerables, en particular con los contratos para adquirir los bonos canjeables por alimentos y el servicio de cuidado para personas mayores de 60 años en situación de habitabilidad en calle.
La diligencia fue ordenada por la Dirección Sectorial de Integración Social de la Contraloría, donde se dispuso de un equipo especial de trabajo para tales efectos.
Simultáneamente, la Contraloría de Bogotá viene realizando una auditoría de desempeño a los comedores comunitarios de la ciudad, a fin de determinar las condiciones de su administración y operación frente al servicio prestado a más de 39.000 personas en Bogotá.
Por órdenes del contralor, Julián Ruiz, los resultados de todo este trabajo deberán producirse en un plazo máximo de un mes.
El contralor Ruiz considera inaceptable, desde todo punto de vista, que los derechos de las personas vulnerables se vean afectados por una posible falta de planeación y de contratación, cuando lo que debería ocurrir es que se les garanticen, en mayor medida, precisamente por su situación de debilidad manifiesta.
Una vez culminada la visita fiscal y la auditoría de desempeño, la Contraloría determinará en un informe los posibles hallazgos que podrían tener alcance fiscal, disciplinario, o incluso penal.
El caos de la Bogotá cuidadora
A pesar de que una de las principales premisas de la Alcaldía de Claudia López es la de cuidar la vida y atender las necesidades de cuidado de la población, especialmente la vida de las personas en estado de vulnerabilidad, la realidad ha sido bastante diferente en este 2022.
Las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores, los habitantes de calle, los niños y docentes de los jardines distritales infantiles han sufrido las consecuencias de la falta de planeación de la Secretaría de Integración Social y en ocasiones han quedado a la deriva.
Desde el primer trimestre del año se ha venido denunciando en el Concejo de Bogotá la precarización laboral de docentes en los jardines infantiles y los graves riesgos en la continuidad en la prestación del servicio de educación inicial.
En las últimas semanas, el concejal Juan Baena denunció que decenas de niños se vieron afectados en su educación en un jardín infantil de Kennedy, luego de que la falta de recursos obligara a las docentes a no adelantar horas extras.
De igual modo, algunos docentes de jardines infantiles de Suba, Engativá, Usaquén, Barrios Unidos y Fontibón han cesado sus actividades por la falta oportuna en los pagos. En toda esta problemática, los más afectados son los niños.
Pero el problema con los jardines infantiles no para ahí. La concejal Lucía Bastidas ha denunciado la falta de alimentos para suplir el componente nutricional de los niños en estos jardines.
“Comidas que están basadas en una minuta diaria aprobada por un profesional de nutrición que establece la composición de cada una, en una selección que se fundamenta en la disponibilidad de inventario que tiene el jardín. Al presentarse desabastecimiento, como denuncian, no es posible cumplir ni con las condiciones mínimas de nutrición para cada niño ni con la cobertura para muchos de ellos”, ha manifestado Bastidas.
Esta afectación nutricional ha continuado. Hace 15 días, Bastidas hizo pública la denuncia de una auxiliar pedagógica de un jardín quien advierte que a los niños solo les están dando “arroz, garbanzo y carne molida”.
Frente a este tema, el subsecretario de Integración Social, Julián Moreno, le aseguró a SEMANA: “Es una información que ha circulado, pero no hemos podido saber si es puntualmente en una unidad operativa. Pero lo que podemos decir es que hoy, después de varios cambios de contratos que hemos tenido para el tema de abastecimiento en la ciudad, todos los servicios, incluidos los de infancia, cuentan con abastecimiento en alimentos”.
Además de la precarización laboral y la falta de buena alimentación en los jardines, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad también han sufrido la mala planeación de Integración Social.
Bastidas ha denunciado que adultos mayores vulnerables han sido llevados a centros en donde atienden habitantes de calle. En Bogotá eran siete los centros habilitados para atender a adultos mayores, pero solo hay tres en funcionamiento.
Ahora, el incidente más reciente que refleja las serias dudas que deja la Secretaría de Integración Social en la atención a población vulnerable está relacionado con la suspensión en la entrega de los bonos alimenticios de la población en condición de discapacidad.
En abril fue la entrega del último bono a los 13.000 usuarios de la subdirección de Discapacidad de la Secretaría de Integración Social y, desde finales del mes de mayo, estas personas han venido reclamando por sus derechos.
Fue tal la desesperación y la falta de respuestas de Integración Social que estas personas se vieron en la obligación de bloquear la carrera séptima con calle 32 el pasado 13 de junio.
Esta manifestación surtió efecto y la Secretaría de Integración Social aceptó reunirse con los diferentes voceros para llegar a un acuerdo. Se estableció que los bonos canjeables por alimentos correspondientes a junio y julio para la población en condición de discapacidad y los cuidadores serán entregados el próximo mes de julio.
En los compromisos también se estableció que en agosto, por única vez, se entregará un bono extraordinario.
En diálogo con SEMANA, el subdirector Moreno dio las razones del por qué se suspendió la entrega de los bonos en mayo y junio.
“Estamos en un cambio de contrato, hay uno que está terminando y otro que está iniciando. Las últimas personas que recibieron sus bonos lo hicieron el 30 de abril, con lo cual se alimentan en el mes de mayo. Finalizando mayo y durante los primeros días de junio, debieron recibir un nuevo bono, pero ese bono es el que van a recibir ahorita una vez adjudiquemos el contrato que ya tiene comisionista y que esperamos esté adjudicado para el 24 de junio. Así, los primeros días de julio se hará la entrega de los bonos”, comentó Moreno.
Frente a las críticas por la falta de planeación a la hora de prever que estas afectaciones podían ocurrir, el funcionario indicó que todo se debió a tiempos contractuales.