Después de siete años de un extenso litigio, la Contraloría de Bogotá revocó el fallo de responsabilidad fiscal que se había emitido en contra del exalcalde y hoy candidato a la Presidencia Gustavo Petro, por haber bajado el precio el pasaje de TransMilenio en las denominadas horas valle de lunes a viernes.
En ese momento, se fijó el precio del tiquete en 1.500 pesos en las horas menos concurridas. El entonces contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, consideró que con esta acción se había presentado un daño considerable a las finanzas del Distrito.
Debido a esto, el ente de control fiscal distrital le impuso a Petro el pago de una multa cercana a los 217.000 millones de pesos, por el presunto déficit que se registró con esta decisión administrativa, señalaba la sanción, que afectó directamente las arcas del Distrito y de TransMilenio.
Sin embargo, después de un extenso trámite judicial, la Contraloría Distrital de Bogotá declaró la no responsabilidad fiscal de Petro en este caso y dejó sin efectos cualquier tipo de sanción económica contra el exmandatario distrital.
“Fallar sin Responsabilidad Fiscal el Proceso No.1700000-003/16 adelantado por el manejo de recursos de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. –Secretaría Distrital de Hacienda y TransMilenio S.A.- en cuantía de $126.573.296.898, en favor de los señores Gustavo Francisco Petro Urrego”.
La decisión también cobija a Ricardo Bonilla González, exsecretario de Hacienda de Bogotá; Rafael Eduardo Rodríguez Zambrano, exsecretario de Movilidad; y María Constanza García Alcastro, exsecretaria de Movilidad.
En la decisión, la Contraloría Distrital determinó que no se pudo demostrar el mencionado millonario detrimento patrimonial, indicando que en su momento existió una falta de actualización de las tarifas que se iban a implementar tanto en TransMilenio como en el Sistema Integrado de Transporte.
En los próximos días se le notificará formalmente esta decisión a todas las partes involucradas y que habían sido sancionadas de manera fiscal.
En su cuenta de Twitter, Petro destacó la decisión y aseguró que la justicia le dio la razón “por bajar las tarifas de TransMilenio para hacer mas sostenible la ciudad, aumentando la demanda por el transporte público, y para disminuir la pobreza”.
El extenso litigio
Tras ser notificados con la sanción de la Contraloría en 2016, Petro y sus funcionarios presentaron una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón y ordenó medidas cautelares de urgencia, suspendiendo el efecto del fallo hasta que no se definiera de fondo la solicitud del exalcalde y los exsecretarios.
En febrero de 2021, el Consejo de Estado dejó en firme la decisión indicando que se presentó una vulneración al debido proceso y legalidad que afectaron directamente al exmandatrio.
“El organismo demandado debió ceñirse a las presunciones previstas por el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, pues se insiste, aquellas fueron las señaladas por el Congreso de la República para el juicio de responsabilidad fiscal y, por lo tanto, son de obligatoria observancia en ese trámite administrativo, por parte de las entidades que ejercen el control fiscal; en ese sentido, la abierta desatención en el presente asunto por la Contraloría Distrital de Bogotá configuró la violación a los principios del debido proceso y de legalidad que de ningún modo la Sala en esta instancia puede pasar por alto”, precisa uno de los apartes del fallo del Consejo de Estado.
En este caso le pasó nuevamente el balón a la Contraloría General para que resolviera el recurso de apelación presentado por Petro y los otros funcionarios.