La Contraloría General de la República emitió un fallo con responsabilidad fiscal por un monto de $56.028 millones, relacionado con la pérdida de inversión de recursos públicos destinados al componente agrícola del proyecto de producción de etanol denominado ‘El Alcaraván’. Este fallo se refiere al período comprendido entre los años 2010 y 2013.
El fallo se basa en la constatación de que la caña de azúcar sembrada en el marco de este proyecto no se utilizó para el propósito originalmente previsto por la empresa Bioenergy, que era la producción de etanol. Esta situación, de acuerdo con la Contraloría, se debió principalmente a la falta de un paquete tecnológico adecuado para el cultivo industrial y a la elección de variedades de caña que no eran apropiadas para la región de la altillanura, lo que resultó en una baja productividad medida en toneladas de caña por hectárea (TCH). Como consecuencia, aseguró el ente de control, se tuvo que llevar a cabo la erradicación de las variedades de caña plantadas y utilizar la materia prima como abono verde.
Este caso adquiere una importancia significativa para la Contraloría General de la República, ya que previamente el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, había declarado de “impacto nacional” los hechos relacionados con los hallazgos fiscales derivados de una actuación especial realizada por la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía en relación con los recursos invertidos en el proyecto de etanol ‘El Alcaraván’. Estos recursos pertenecían a la empresa Bioenergy, filial de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).
El fallo de responsabilidad fiscal recae en ocho directivos de Bioenergy, entre los cuales se encuentran cinco miembros principales de la Junta Directiva de Bioenergy S.A., hoy Bioenergy S.A.S., y otros dos gerentes generales y uno agrícola.
Además de los directivos de Bioenergy, el fallo también incluye a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. como tercero civilmente responsable en este caso.
Contraloría alerta por eventual incremento en tarifas de energía
De otro lado, la preocupación de los colombianos por los elevados recibos de energía que están llegando a sus hogares encuentra una explicación en un informe preliminar presentado por la Contraloría General este jueves 21 de septiembre en Cartagena, donde se puso el foco en el tema de las tarifas eléctricas.
De acuerdo con el contralor delegado de minas y energía, Germán Castro Ferreira, y el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, mientras que en enero el costo de producir energía era de 250 pesos por kilovatio / hora, a mediados de septiembre ha ascendido a 1,100 pesos, lo que representa un aumento alarmante del 300 %.
La situación es preocupante, dado que el país aún no enfrenta en su totalidad el fenómeno de El Niño, lo que podría llevar a un encarecimiento adicional de las tarifas. Zuluaga advirtió que este incremento en el costo de producción de energía podría aumentar el riesgo de un alza en las tarifas eléctricas, que ya están ejerciendo una presión financiera sobre los usuarios.
El contralor delegado también expresó su preocupación por el hecho de que estos aumentos de precios estén relacionados con retrasos en nuevos proyectos de transmisión y generación de energía, lo que podría tener un efecto a largo plazo en las tarifas eléctricas que afectan a los colombianos.
“El país ha venido ampliando la oferta de toda la matriz energética. Producimos el 60 % por agua, tenemos fuentes eólicas, de gas, pero en el caso de las energías alternativas, los kilovatios que deberían aportar no están hoy”, señaló el contralor delegado.
Diversos factores se han combinado para desencadenar esta preocupante situación. En primer lugar, se encuentra la amenaza del fenómeno de El Niño, que se espera tenga un fuerte impacto, dada la alta dependencia de Colombia de las fuentes hídricas para la generación de energía. Además, la falta de compras de energía en el mercado durante años por parte de las empresas ha contribuido al alza en los precios.
Los habitantes de la región Caribe, que ya están pagando por un servicio costoso, podrían ser los primeros en verse afectados por esta situación. Zuluaga afirmó que esto impactaría tanto en la vida de los ciudadanos como en la economía, ya que la mayoría de los sectores dependen de un suministro continuo de energía para operar.