La Contraloría General de la República emitió un fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia en el Proceso Verbal de Responsabilidad, que detalla un detrimento patrimonial de $12.351.846.139 causado por deficiencias técnicas y estructurales en el proyecto habitacional Estancia del Roble, que resultaron en la construcción de edificios que no cumplen con las normas y licencias necesarias
De acuerdo con el fallo, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República encontró que el proyecto de vivienda presentaba fallas técnicas y estructurales en sismorresistencia en sus edificaciones, que fueron causadas por una deficiente ejecución y control de la construcción.
Esto se traduce en que los bloques de apartamentos no cumplen con las normas contenidas en la ley y en las licencias de urbanismo y construcción otorgadas para ello, lo que ha afectado el derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada de sus beneficiarios.
La responsabilidad fiscal recae en los miembros de la unión temporal Estancia del Roble, que involucra al inversionista constructor, los alcaldes municipales de Tunja entre 2008 y 2019, y los gerentes de Ecovivienda que fungieron como tal en ese mismo período.
Asimismo, también se falló con responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor de obra, de los directores técnicos y asesoras jurídicas de Ecovivienda del tiempo señalado y del afianzador del inversionista constructor.
Es importante destacar que esta decisión de responsabilidad fiscal de primera instancia es susceptible de apelación ante la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República, por lo que aún no es una decisión final.
En firme fallo con responsabilidad fiscal
Por otro lado, la Contraloría General confirmó un fallo con responsabilidad fiscal que implica una multa de $3.858 millones. Este fallo se relaciona con el Convenio Interadministrativo N.º 048, firmado en diciembre de 2010 entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles Sinú-San Jorge y el municipio de Ciénaga de Oro, cuyo objetivo era la construcción de la primera etapa del relleno sanitario en la vereda Pijuayal, corregimiento de Cantagallo, en Córdoba. Este convenio tuvo un valor de $4.995 millones.
La CGR tomó medidas después de que se detectaron irregularidades durante una auditoría llevada a cabo por la Gerencia Departamental en Córdoba. Se determinó que, “durante la etapa de planificación del proyecto, no se tuvieron en cuenta factores importantes como el impacto en la comunidad local, la existencia de un Cabildo Indígena, la proximidad de las viviendas colindantes y la dependencia del recurso hídrico obtenido a través de escorrentías subsuperficiales y superficiales, entre otros”.
Debido a estas omisiones, se presentaron acciones judiciales por parte de las comunidades afectadas, “lo que llevó a la suspensión del desarrollo del convenio y a la imposibilidad de alcanzar los objetivos de la inversión”.
La decisión de la Contraloría General de la República se basa en la detección de fallas y omisiones en la planeación del proyecto, que resultaron en la suspensión del mismo y en la imposibilidad de lograr los objetivos de la inversión. La multa impuesta a los responsables es una medida para prevenir la repetición de este tipo de situaciones en el futuro y para fomentar la planificación adecuada de proyectos de inversión pública.
En el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal se vinculó a los garantes llamados a responder, en aras de garantizar el resarcimiento del patrimonio público. Como presuntos responsables fiscales fueron declarados:
- Plinio Humberto D’Paola Cuello, en calidad de alcalde de Ciénaga de Oro para la época de los hechos.
- Juan Carlos Vargas Díaz, en calidad de representante legal de la empresa Coraseo S. A. E. S. P.
- Wilfredo Vásquez Ponce, en calidad de representante legal de Consorcio Cantagallo.
- Damaris Peña Ordosgoiti, en calidad de representante legal V&P Proyectos y Construcciones S. A. S.
- Gustavo Adolfo Restrepo Martínez, en calidad de representante legal de Interventoría Ambiental.