La Contraloría General de la República dio a conocer este miércoles los resultados del control excepcional sobre el proyecto de TransMilenio por la Séptima, que fue solicitado por el senador Rodrigo Lara en mayo del año pasado.Este proyecto, que desde su concepción ha sido objeto de polémicas y disputas políticas, técnicas, legales e incluso del malestar de muchos de los residentes de la zona que se verían afectados por la obras, ahora enfrenta nuevos cuestionamientos por cuenta de los hallazgos hoy revelados. En el informe de auditoría se destacan varias presuntas irregularidades. La principal conclusión del mismo es que 287.000 millones de pesos fueron destinados a la compra de inmuebles que no fueron utilizados de manera adecuada, por la suspensión del proyecto. Con esto, el IDU tendrá que desarrollar un Plan de Mejoramiento para hacer los ajustes sobre los hallazgos de la Contraloría. “Desde el control político, le advertí al alcalde Enrique Peñalosa todas las deficiencias de orden técnico, legal y financiero, pero hizo caso omiso, lo que me obligó dentro de mis funciones y en armonía con el control ciudadano a presentar una acción popular y a poner en conocimiento de los organismos de control estos hechos, que como todos ya vamos constatando nos están dando la razón respecto de todas las preocupaciones advertidas oportunamente”, le dijo a SEMANA el senador Rodrigo Lara.
La entidad pudo determinar que el proyecto no se ha acogido a las previsiones iniciales, lo que en un futuro podría traducirse en sobrecostos y en enredos tanto legales como administrativos. Frente a la compra de los predios para desarrollar el proyecto, el informe que concluyó que “los $287.957 millones invertidos en la compra de predios no han resultado eficaces, ya que al no haber sido utilizados oportunamente se está generando una carga administrativa y económica en el cuidado, custodia y mantenimiento de los inmuebles ya adquiridos.” Entre los predios que presentan irregularidades, la auditoría identificó 6 que para los que ya se había hecho una promesa de compraventa y se habían pagado 1.870 millones. No osbtante, estos aún no han completado el proceso de escrituración y registros. De los 13 hallazgos que hizo la Contraloría en cumplimiento de su labor de control, 4 podrían tener implicaciones fiscales por un monto de 488 millones de pesos. Los otros 9 muestran implicaciones disciplinarias, por lo que tendrán que ir a la Procuraduría General.
También se evidencian complicaciones en algunos contratos de auditoría del proyecto así como en el manejo de la información financiera del mismo. “En el contrato 1073 de consultoría y 1104 de 2016, de interventoría, fue determinada la existencia de un presunto daño fiscal en cuantía de 219 millones y 61 millones, respectivamente, ocasionado por mayores valores pagados por el reconocimiento de ajustes”, afirma el informe de la entidad de control. Esto, sumado a otros descuadres entre la concepción inicial del proyecto y la utilización real de los recursos, terminó, según la Contraloría, en un incremento del 11.65 por ciento (181.578 millones) entre el valor presupuestado por el consultor y el valor final de la licitación. “Nuevamente queda demostrado que esta licitación no fue planeada con seriedad, todo se hizo a la carrera con el único de adjudicar a cómo diera lugar para así dejar a los bogotanos frente a calamitoso hecho cumplido. Sobra recordar que cuando se vulnera la planeacion de un proceso contractual, todo deviene nulo“ agregó el senador Lara. En la fase de planeación del proyecto también estaban contempladas y presupuestadas 11 reuniones en las que el tema sería socializado y discutido con la comunidad. De estas, 8 no fueron realizadas lo cual deja un detrimento patrimonial de 78 millones de pesos que tendrá que ir a la Procuraduría a indagación preliminar.
El problema de la compra de predios no es un tema nuevo. El IDU del gobierno de Peñalosa había explicado que la compra de estos terrenos se había dado porque tenían planeada la construcción de la troncal y esta ya había sido aprobada por el Concejo de Bogotá. Según dijeron las anteriores directivas de la entidad, cuando la obra fue suspendida no fue posible reversar el proceso pues ya habían firmado contratos con los propietarios y, de echar para atrás el negocio, lo más probable era que la Alcaldía de Bogotá recibiera demandas. Ahora que la alcaldesa Claudia López ha dejado claro que no hará esa troncal de TransMilenio, no se sabe muy bien qué va a pasar con esos predios, que hoy por hoy están en el limbo.