La Contraloría General de la República ha identificado una serie de proyectos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que son considerados como ‘elefantes blancos’ (obras inconclusas) y proyectos críticos (que, aunque han avanzado, no han sido entregados), sumando un valor total de $ 220.879 millones.
Dentro de estos proyectos, el ente de control ha clasificado nueve como ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas, representando una inversión de $ 97.271 millones. Por otro lado, ha identificado 11 proyectos críticos, con un valor estimado de $123.608 millones.
La Contraloría General, a través de su delegada para la Participación Ciudadana, ha llevado a cabo un seguimiento y acompañamiento de estos proyectos a través de la ‘Estrategia Compromiso Colombia’, con la que se busca que la ciudadanía “conozca el estado del proyecto y, al mismo tiempo, se lleguen a acuerdos que permitan contar con tiempos ciertos sobre el desarrollo del mismo”.
Uno de los casos destacados dentro de esa estrategia es la reconstrucción del ‘puente de los enamorados’, en Providencia y Santa Catalina, cuya ejecución exitosa ha requerido una inversión de $ 20.682 millones.
Sin embargo, en cuanto a los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos, el sector de educación encabeza la lista con una inversión de $ 91.335 millones, seguido por minas y energía, con $ 34.974 millones; y cultura, con $ 28.004 millones.
De acuerdo con la Contraloría, los sectores con más proyectos incluidos en el diagnóstico son educación, con seis proyectos; comercio, industria y turismo, así como deporte y recreación, ambos con tres proyectos cada uno.
Los tres proyectos con mayor cantidad de recursos asignados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a los que la Contraloría les puso la lupa especialmente, son los siguientes:
- Construcción y dotación del mega colegio CEMED: este proyecto, ubicado en el sector de San Luis, en la Isla de San Andrés, cuenta con una asignación de $ 46.551 millones de pesos. Sin embargo, según la Contraloría, se encuentra en estado de abandono y deterioro, siendo catalogado como ‘elefante blanco’.
- Planta de generación de residuos sólidos: con una inversión de $ 34.974 millones, ha alcanzado un avance físico y financiero del 100 %. Aunque se clasifica como ‘proyecto crítico’, se ha enfrentado a dificultades en su puesta en marcha debido a partes deterioradas que han impedido cumplir con los requisitos para ser recibida por el Ministerio de Minas y Energía.
- Construcción y adecuación del colegio Junín, sede bachillerato: con un valor de $ 17.149 millones, ha alcanzado un avance físico del 80 % y financiero del 64 %. Se encuentra en seguimiento dentro de la Estrategia Compromiso Colombia, con una fecha de entrega establecida para el 31 de mayo.
La Contraloría General, a través de su delegada para la Participación Ciudadana, aseguró que continuará trabajando en conjunto con la ciudadanía y veedurías para brindar seguimiento a las obras inconclusas y los proyectos críticos. El objetivo es lograr la puesta en marcha de estas obras y así mejorar la calidad de vida de los residentes del archipiélago, aseguró la entidad.
Procesos de responsabilidad fiscal en el archipiélago
La Contraloría General, por otra parte, adelanta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 31 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía total de $ 53.383 millones. Entre los proyectos a más preocupantes para la entidad están:
- Irregularidades en la construcción del mega colegio CEMED Antonia Santos: la Contraloría General está llevando a cabo un proceso ordinario de responsabilidad fiscal por posibles sobrecostos en la ejecución del contrato de obra y el contrato de interventoría relacionados con la construcción del megacolegio. Se encontraron deficiencias en la fase de planeación del contrato, ausencia de estudios y diseños del proyecto, y sobrecostos en los precios unitarios pactados.
- Irregularidades en la rehabilitación y mejoramiento de la vía de acceso hacia la zona industrial: el daño asciende a $ 6.416 millones. La Contraloría está llevando a cabo un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra y el contrato de interventoría relacionados con la rehabilitación y mejoramiento de la vía de acceso hacia la zona industrial. Se encontró que la obra estaba suspendida, presentaba atrasos significativos, se realizaron modificaciones no autorizadas y se estableció mala calidad de la obra ejecutada.
- Irregularidades en la liquidación de los subsidios y contribuciones para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado: para la entidad, el daño asciende a $ 5.414 millones, por eso, inició un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de operación de la infraestructura relacionado con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Se encontraron anomalías en la fijación de tarifas y cobros indebidos, lo que generó un desbalance y déficit en el recaudo de contribuciones de solidaridad.