La Contraloría General de la República reveló los resultados de una auditoría financiera realizada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) correspondiente al año 2022 y encontró un total de cuatro hallazgos con presunta incidencia fiscal que ascienden a más de $125.000 millones ($125.669.655.007, exactamente).
El hallazgo fiscal de mayor cuantía, de acuerdo con el órgano de control, está relacionado con la falta de oportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos a los profesores, lo que ha generado, según la auditoría, el pago de intereses moratorios por un total de $116.104.030.527, ocasionando un daño al patrimonio público en esa misma cantidad.
Adicionalmente, la Contraloría detectó el pago inoportuno de 5.772 cesantías durante el año 2022. Asimismo, la entidad estableció un detrimento al patrimonio público por el pago de sanciones moratorias por un valor de $6.706.249.801, correspondiente a una muestra de sanciones pagadas debido a retrasos en el pago de cesantías en años anteriores.
En relación con el pago inoportuno de fallos y conciliaciones, se han cancelado intereses moratorios por un total de $2.741.036.674. Además, se han identificado mayores valores pagados por concepto de pensiones, cesantías y sanciones moratorias por un monto de $118.338.005.
En total, se han encontrado 15 hallazgos en esta auditoría financiera, de los cuales, aparte de los ya mencionados con incidencia fiscal, 12 tienen una presunta connotación disciplinaria y dos presentan otras incidencias que han sido remitidas al Ministerio de Salud y Protección Social. Esto, debido a la “falta de oportunidad en los informes con la periodicidad requerida”, así como a la Superintendencia Nacional de Salud, ya que la entidad auditada “no exigió constitución de reservas técnicas, generando riesgo en la prestación del servicio”.
En cuanto al Control Interno del Fondo, la Contraloría calificó como “con deficiencias” con una puntuación de 1.9, debido a la materialización de algunos riesgos identificados en la auditoría. Además, la Contraloría emitió una opinión contable con salvedades y una opinión presupuestal también con salvedades
El contralor delegado para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, Andrey Geovanny Rodríguez, ha destacado que esta auditoría ha permitido abordar las preocupaciones planteadas por jueces, magistrados e incluso consejeros de Estado en relación con los fallos que se han presentado en los pagos de sanciones moratorias y al reconocimiento tardío de prestaciones sociales para los docentes del magisterio.
Rodríguez hizo un llamado especial para que estas situaciones dejen de ocurrir en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, ya que al final son los recursos de los profesores los que están en juego.
Hallazgos fiscales por más de $21.000 millones en Guaviare
Por otra parte, Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, anunció el pasado 29 de junio que la Contraloría General de la República adelanta 17 procesos de responsabilidad fiscal en el Guaviare por 21.841 millones de pesos. Desde la capital del departamento, el funcionario informó que se trata de una posible gestión fiscal irregular.
La entidad abrió un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades encontradas en la ejecución de un convenio con el objeto de identificar, validar e implementar paquetes tecnológicos para transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación. Se trata del hallazgo con mayor cuantía, por un valor total de 16.542 millones de pesos.
La Contraloría logró identificar omisión de la amortización del anticipo que fue entregado. Además, todo apunta a que no se revisó la debida inversión de los recursos entregados.
El segundo les pone la lupa a irregularidades en la ejecución de un proyecto para la interconexión eléctrica al sector de Boquerón y su zona de influencia, en el municipio de San José del Guaviare, con daños estimados de 2.988 millones de pesos.
Tercero, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la asignación de subsidios para la construcción de viviendas de interés social en los municipios de Calamar y San José del Guaviare, con un posible daño de 547 millones de pesos.
La investigación se centra en que los subsidios para dichas viviendas fueron asignados a postulantes que ya habían sido beneficiarios con anterioridad o que percibían ingresos superiores a cuatro salarios mínimos.
En desarrollo de la actuación, se profirió imputación de responsabilidad fiscal en contra de Julia Vergara Giraldo y Carlos Contento Suescún, y se vinculó a compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño.
A su vez, la Contraloría adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución del plan maestro de alcantarillado para el área urbana del municipio de Calamar. El proceso tuvo origen en una denuncia que indicó que los colectores construidos no cumplen con las especificaciones técnicas para dichas estructuras.
La entidad también le pondrá la lupa a otro proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en las acciones de salud pública en el departamento y abrió indagación preliminar por irregularidades por desgastes en la estructura de un centro de acopio de leche, en la vereda Agua Bonita en el municipio de San José del Guaviare.