La Contraloría General identificó importantes “debilidades” en el proceso licitatorio destinado a la construcción del nuevo acueducto de Santa Marta, lo que podría acarrear riesgos significativos en la consecución de los objetivos de este proyecto crucial. La licitación pública LP-011-2023, cuyo propósito es la ‘Construcción del sistema de acueducto denominado el curval en la zona urbana y rural de Santa Marta’, fue minuciosamente examinada por la Contraloría.
Este proyecto se presenta como una obra de gran envergadura para los residentes de la capital del departamento de Magdalena, ya que las fuentes de agua actuales y el sistema de abastecimiento no son capaces de proveer el caudal necesario para abastecer a todos los sectores de la ciudad de Santa Marta.
Con el objetivo de mejorar la cobertura de agua potable, la Alcaldía de Santa Marta inició el proceso licitatorio con un presupuesto oficial que se acerca a los $1.68 billones. Se busca producir un caudal de 2.400 l/s de agua tratada para satisfacer las necesidades proyectadas de la ciudad hasta el año 2048.
No obstante, la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico identificó “debilidades sustanciales” en el proceso licitatorio, entre las que destacan:
1. Forma de pago: la propuesta de pagos anuales durante 30 años, con financiamiento del 100% a través del contratista, plantea desafíos importantes. Para la Contraloría, la falta de concordancia entre los requisitos financieros y la forma de pago podría resultar en la parálisis o abandono de los trabajos debido a la falta de liquidez. “Esta situación podría causar parálisis o abandono de los trabajos por parte del contratista, por falta de liquidez para atender el flujo de caja de inversión en la etapa de construcción”, afirmó la Contraloría.
2. Estudio de financiamiento: el órgano de control detalló que la ausencia de un estudio detallado de financiamiento, que analice diversas alternativas de crédito, sugiere la posibilidad de una financiación onerosa a través del contratista en comparación con otras opciones de crédito no exploradas. “Frente a este aspecto, con las condiciones actuales de licitación, se podría estar incurriendo en una financiación onerosa a través del contratista comparativamente con otras alternativas de crédito, que no han sido estudiadas”, sostuvo.
3. Inobservancia a disposiciones legales: la Contraloría señaló la posibilidad de inobservancia a las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, particularmente en lo que respecta a vigencias futuras excepcionales. La Ley 1483 de 2011 estipula que el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. “(…) El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. (…)”, aseguró.
Ante estas debilidades, la Contraloría General anunció que estará atenta al desarrollo de la licitación pública para la construcción del sistema de acueducto en Santa Marta. Este proyecto reviste una importancia crucial para la región, y la Contraloría llevará a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias, anunció.