En la Contraloría cursa una investigación, por presunta responsabilidad fiscal, contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero, relacionada con hechos sucedidos en 2016, cuando se desempeñaba como director de Innpulsa (antes, Unidad de gestión de crecimiento empresarial).
En ese momento, fue suscrito un contrato para la ejecución de un proyecto a través del cual se debía implementar una metodología Score para el sector textil y confección. El fin último era incrementar los niveles de productividad de 20 pymes (pequeñas y medianas empresas) en 15% durante los 10 meses de implementación del contrato.
La Contraloría, luego de una auditoría realizada, pudo establecer que no se cumplió el objeto del contrato, por lo que ahora investiga la presunta responsabilidad fiscal de Quintero en un daño patrimonial de $646 millones, que fueron los desembolsos realizados para adelantar el proyecto. “Se realizaron pagos hasta por $646.413.332 al contratista (Q1A S.A.S), sin que se cumpla lo estipulado contractualmente, lo que reporta falencias de oportunidad en el ejercicio de la Interventoría y supervisión por parte de la unidad (Innpulsa Colombia), respecto del cumplimiento del procedimiento de desembolsos”.
De acuerdo con lo establecido en el auto, la comisión auditora encontró hallazgos que le llaman la atención a la Contraloría y que intenta precisar. Es así como, para ejecutar un proyecto del sector textil, se contrataron empresas que no corresponden a las características de dicho sector: empresas de transporte pesado, comercializadoras de materiales de construcción, fabricantes de carrocerías.
Según se agrega en el auto, “la situación presentada afectó la efectividad en la determinación de situaciones irregulares en el desarrollo del objeto contractual, lo que generó la materialización de un riesgo de fraude en dicha contratación, que no permitió el óptimo cumplimiento del objeto del proyecto”.
Luego de un extenso análisis, la comisión auditora de la Contraloría concluye que “se configura una presunta incidencia disciplinaria por inobservancia de la función de interventoría y supervisión definida en la Ley y en el Manual de contratación de Innpulsa Colombia”, dice el auto.
Para la apertura de la investigación a Quintero, la Contraloría también se basó en el informe del interventor del proyecto, que fue la Universidad de Antioquia, institución que profirió un concepto de liquidación en el que estableció que “no se logró el cumplimiento del objeto contractual, dado que no se alcanzaron las metas de incrementar los niveles de productividad en un 15% durante los 10 meses de implementación, situación que refleja falencias de planeación poniendo en riesgo la adecuada ejecución de los objetivos contractuales, afectando los resultados esperados”.
Además de Quintero, también fueron notificados otros presuntos responsables fiscales, entre ellos, Compañía Q1A SAS; Andrés Raúl Guzmán Toro y Silvio Augusto Ignacio Gaitán, entre otros.