Tras una denuncia que interpuso la firma de abogados G&G Asociados en la Contraloría General por una serie de contratos que se ejecutaron durante 2022 y 2023 en el departamento del Meta, para implementar, adquirir, instalar o dotar sistemas de filtración de agua en batallones, centros vida y establecimientos educativos con el fin de mejorar las condiciones de acceso al agua potable, se determinó compulsar copias a la Procuraduría General y a la Fiscalía para determinar presuntas responsabilidades.
En un documento de la Contraloría se afirma que la compulsa de copias se efectúa por haber encontrado presuntas responsabilidades y que serán el Ministerio Público y el ente acusador los que determinen las posibles responsabilidades disciplinarias y penales del caso.
Las acusaciones están dirigidas contra el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, varios de los funcionarios que estuvieron a su lado y los exalcaldes Jorge Plazas, de Puerto Gaitán; Carlos Julio Gutiérrez, de Puerto López, y Yohan José Rojas Martínez, de Mapiripán.
Según la denuncia de los abogados, que ya fue respondida por la Contraloría, dos de los contratos, uno por $ 4.790 millones y el otro de $ 2.344 millones, fueron ejecutados a través de la Secretaría de Gobierno. En total, los contratos llegarían a unos $ 35 mil millones, por lo que las alertas se enviaron al órgano de control fiscal.
“Los estudios previos presentados por parte de la Gobernación del departamento del Meta y por el Ejército Nacional, que sustentan la justificación para la suscripción del Contrato de Suministro 3355 del 10 de noviembre de 2022, no dan cuenta de unos reales análisis que permitan determinar desde un punto de vista técnico la necesidad de adquirir 18 filtros purificadores de agua H2GO R1 por parte de la Séptima Brigada, pues se observa la ausencia de estudios que permitieran constatar la calidad del consumo de agua, los problema que se estuvieran presentando en la captación del agua y en los procesos de purificación o adquisición de la misma. Así mismo, no se estimaron los costos beneficios ambientales y técnicos que podrían lograrse”, respondió la Contraloría General de la República.
Además, se asegura que “se procedió a dar traslado a la Procuraduría General de la Nación atendiendo que existe un reproche disciplinario, al utilizar el ente territorial posiblemente la contratación directa, en aras de evitar una licitación pública, efectuando a cambio otra modalidad de selección contractual, como lo fue la contratación directa. Así mismo, el 29 de julio de 2024 se realizó el respectivo traslado a la Fiscalía General de la Nación, por ser la competente para surtir la investigación penal”.
Para la Contraloría no existió justificación para la compra de dichos filtros de agua y en la etapa contractual no existieron términos de referencia para determinar las condiciones técnicas que debían tener dichos insumos que sí se requerían para el consumo de agua potable en el Ejército.
“No se estimaron los costos beneficios ambientales y técnicos que podrían lograrse. En conclusión, no se efectuó ningún proceso de diagnóstico que permitiera la estructuración real y efectiva de un proyecto de adquisición de filtros purificadores de agua, pues las necesidades no pueden limitarse únicamente a esgrimir de forma simple y somera”, reitera la Contraloría.
Además, alerta que dichos filtros no cuentan con certificaciones para garantizar los estándares de calidad. Según los abogados que radicaron la denuncia, tienen evidencia de que la empresa contratista, como la Gobernación del Meta, habrían usado la misma modalidad en diferentes contratos para los mismos fines.